El Gobierno se zambullirá en los próximos días en la procelosa negociación de la reforma laboral, con la determinación de salvar el texto que ha pactado con sindicatos y patronal pero consciente también de que deberá hacer concesiones para lograr el voto afirmativo de ERC, PNV y EH Bildu. El Ministerio de Trabajo, que es quien dirige las conversaciones, ha iniciado los contactos con los socios de la investidura. En estos primeros compases se están recabando las peticiones de cada grupo. Aún no se ha llamado a Ciudadanos, a pesar de que este partido se ha mostrado dispuesto a considerar su apoyo.

El Ejecutivo tiene de plazo hasta el 7 de febrero para convalidar el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral y, pese del rechazo mostrado por muchas de las formaciones que conforman la mayoría de la investidura, se ve capaz de hacerlo. Sólo hay una línea infranqueable, según fuentes conocedoras: la reapertura del debate sobre el despido. Fijado actualmente en 20 días por año trabajado, este asunto, recuerdan, ni siquiera forma parte del acuerdo del Gobierno de coalición.

Esto no significa que el Ejecutivo esté abierto a grandes modificaciones. Al contrario, lo que quiere es preservar al máximo su pacto con los agentes sociales pero sí sabe que deberá aceptar algunas de las peticiones de los grupos. Ayer en La Sexta, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, aseguró que "trabajaremos mucho, escucharemos a nuestros socios con mucha atención y negociaremos todo lo que haga falta" para garantizar el aval a la reforma laboral.

De hecho fuentes del Ejecutivo explican que, en la línea de lo que dijo el lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no se descarta la tramitación posterior como proyecto de ley, para incorporar a través de enmiendas alguna matización. Aunque por ahora, como la negociación política ni siquiera ha comenzado, el Gobierno no lo pone oficialmente sobre la mesa. En este sentido deben interpretarse las declaraciones ayer del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en RNE, donde aseguró que "no tiene por qué tramitarse como proyecto de ley".

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, interviene en el Senado, en una sesión de control al Gobierno. EFE

La realidad es que cualquier grupo puede solicitar la tramitación como proyecto de ley, una vez que sea convalidado, y, si hay una mayoría suficiente, obligar al Ejecutivo a hacerlo. Pero en estos momentos, lo que Moncloa expresa, es que no se ha dado esa orden a PSOE y a Unidas Podemos para que sean los grupos que conforman el Gobierno quien den este paso.

Tiene todo el sentido porque aún es pronto para hacer este movimiento y porque, además, el Ejecutivo mandaría un mensaje incoherente a las centrales sindicales y los empresarios, abriéndose de buenas a primeras a cambios. "Nosotros no queremos que esa norma sufra ninguna modificación porque se trata de un acuerdo entre empresarios y sindicatos, que tiene equilibrios, es lo que hace singular a esta norma", defendió Bolaños.

Enmiendas de no colisión

Pero una cosa son estas posiciones de partida y otra cómo acaben las conversaciones. El Gobierno está abierto a enmiendas que no sean "darle la vuelta" al acuerdo alcanzado en el diálogo social. E incluso se felicita porque no se estén cuestionando los aspectos nucleares de la reforma. Los técnicos, aseguran fuentes conocedoras, "buscarán posibles salidas", "soluciones técnicas" para llegar a una síntesis entre las peticiones de los grupos parlamentarios y el respeto al pacto con patronal y sindicatos.

Una de las cuestiones que ya han aflorado es la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales. El PNV ha mostrado sus recelos porque no se recoja y ERC y EH Bildu también lo exigen. En el caso del País Vasco, la socialista Idoia Mendia, vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo en el Gobierno de Iñigo Urkullu, defendió este martes el acuerdo firmado en 2017 por los cuatro sindicatos vascos (ELA LAB, CC OO y UGT) ya lo garantiza, pero fuentes del Ejecutivo señalan que el PNV "pide aclararlo" porque "hay dudas sobre la interpretación, tal y como está redactado ahora en el Estatuto de los Trabajadores".

Este es uno de los temas que se podían abordar. Como publicó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en algunos de los borradores de las conversaciones con los agentes sociales ya se modificaba el artículo 84.4 del Estatuto de los Trabajadores para impedir que los negociadores de convenios estatales tengan la potestad de restringir las materias que los convenios autonómicos pueden regular. La patronal se oponía pero los sindicatos no. Y en todo caso es un terreno que ya se comenzó a explorar.

ERC, fundamental para la gobernabilidad, pide además que se devuelva a Cataluña la competencia para autorizar de manera previa los expedientes de regulación de empleo. Junto a todas estas reclamaciones el Gobierno deberá encajar la entrada en el acuerdo de Ciudadanos, si mantiene su voluntad de respaldar la reforma laboral. Y aunque durante todas estas semanas se escucharán constantes apelaciones al apoyo del PP por parte de los ministros, su voto en contra se da por descontado. Incluso se piensa que algunos llamamientos externos a los populares para que se impliquen en el nuevo marco laboral pueden ayudar a unir a la mayoría de la investidura.

El no firme del PP

El Gobierno es totalmente consciente de que los populares no darán su aval. Este martes, en conversaciones con este diario, la vicesecretaria general del PPElvira Rodríguez, explicó que se ha cambiado poco la legislación laboral pero su partido no está de acuerdo con las correcciones introducidas porque "restan flexibilidad al sistema". No creen que la preponderancia de los convenios sectoriales frente a los de empresa sea algo positivo porque los segundos "se adaptan más a la realidad". Y piensan que el nuevo marco laboral tampoco resuelve la cuestión de la temporalidad. Su voto en contra, aseguró, es inamovible, porque que la reforma tenga el sí de los empresarios "no es suficiente".

Esto condena al Ejecutivo a depender de su mayoría de investidura con la única flexibilidad que ofrece la incorporación de Cs que, según el Gobierno, ha visto el hueco libre que deja el PP. Pero no hay ninguna sensación de nervios. Al revés, cierta confianza que la reforma será convalidada, como cuando apuntaban a que habría acuerdo con sindicatos y patronal y en ciertos ámbitos no se acababa de creer.