Yolanda Díaz mantiene su apuesta por sacar adelante la reforma laboral con el respaldo de los socios habituales del Gobierno. La vicepresidenta segunda ha logrado un acuerdo a tres bandas para configurar el nuevo marco laboral, con el aval de sindicatos, empresarios y bajo la batuta del primer Gobierno de coalición de la historia, donde Unidas Podemos cuenta con una posición minoritaria. 

Después de nueve meses de intensa negociación y una vez aprobado el decreto en el Consejo de Ministros, las exigencias de ERC o EH Bildu a cambio de su convalidación en el Congreso amenazan el difícil equilibrio del acuerdo, ante la frágil posición de la CEOE, que apoyó el texto pese a la fuerte división interna y que podría descolgarse ante cualquier cambio del texto normativo. Los socios de Gobierno trabajan ya en construir un frente común para enmendar el texto, en lo que podría suponer un duro revés para el Ejecutivo, especialmente para Díaz, que después de fuertes pugnas con el ala socialista ha logrado colgarse la medalla del acuerdo. 

La segunda semana de febrero es el límite para convalidar el real decreto en el Congreso de los Diputados, donde podrá tramitarse como proposición de ley para introducir modificaciones. Pese a las dificultades iniciales que presenta su ratificación, desde el departamento de Díaz mantienen la confianza en que la medida salga adelante con los aliados habituales, con quienes ha mantenido un contacto permanente durante las negociaciones para hacerles partícipes del rumbo de la reforma. Esta opción evitaría también que la aprobación de la medida dependa en último lugar en Ciudadanos, que ya se ha ofrecido a formar una mayoría alternativa a los nacionalistas. 

En el entorno de la vicepresidenta ponen en duda el verdadero interés del partido de Inés Arrimadas en esta reforma, dada la distancia ideológica entre los liberales y el texto acordado, que reduce drásticamente la temporalidad del empleo. Ironizan algunos con que en Cs posiblemente “no se habrán leído la exposición de motivos”, de una fuerte carga ideológica y con durísimas críticas hacia la anterior reforma laboral de 2012 aprobada por la mayoría absoluta del PP.

Desde Trabajo consideran que el ofrecimiento de los naranjas responde más bien a una cuestión estratégica que a una coincidencia real en la tesis política: el cierre en banda del Partido Popular respecto a la reforma deja a miles de empresarios que han apoyado el texto a través de la CEOE sin representación política en esta medida. Un nicho de votantes al que Cs podría aspirar a reconquistar, ante el 'no' de los populares, que tradicionalmente han defendido los intereses empresariales. Esta oferta aspiraría además a devolver al partido al mapa tras su drástica pérdida de influencia, para intentar hacer imprescindibles a sus diez diputados. 

Unos objetivos que, si bien son legítimos a nivel político, no constituyen un verdadero apoyo al acuerdo de reforma alcanzado, sino que respondería al tacticismo. Así las cosas, la vicepresidenta mantiene como “prioridad” el convencer a las fuerzas nacionalistas, molestas por lo que consideran un texto demasiado tibio. La dirigente afronta con confianza las futuras negociaciones con los partidos nacionalistas; unas conversaciones que se retomarán después de unos días de descanso, previsiblemente la segunda semana de enero, pasadas las fiestas navideñas. 

Los socios de investidura, en el 'no'

El PNV ha puesto como condición para el 'sí' introducir la prevalencia del convenio autonómico al estatal; un aspecto que ya estuvo encima de las mesa de negociación y que finalmente se retiró. Esta medida no está mal vista por Trabajo, pero tanto sindicatos como empresarios podrían mostrar sus recelos por "romper la unidad de mercado", tal como ha expresado la CEOE. Los jeltzales han sido los más claros en la negociación a la hora de fijar condiciones concretas para su apoyo.

Hasta el momento, ERC y Bildu son los que se han opuesto con más rotundidad a la reforma. Entre sus reivindicaciones está, entre otras cosas, recuperar las indemnizaciones por despido previas a la reforma laboral del PP, la intervención administrativa de los ERE y los salarios de trámite -con la obligación del empresario de abonar el salario dejado de percibir por el empleado cuando se declare despido improcedente-.

Estos aspectos, sin embargo, no entraron dentro del acuerdo de coalición firmado entre socialistas y morados, donde sí estaban presentes la ultraactividad y la prevalencia de la negociación colectiva; el nuevo texto, defienden desde la Vicepresidencia, suponen un cambio de paradigma que termina con la temporalidad, algo que resta peso a la indemnización por despido, ante un nuevo marco legal que dificulta despidos masivos, como en la anterior crisis, y que aporta “flexibilidad interna”, facilitando la inclusión en ERTES y dejando la liquidación de contratos como última salida. 

El portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, llegó a calificar de “humo” la medida, una expresión que molestó especialmente a la futura candidata del espacio morado, que con gesto visiblemente serio salió al paso de estas declaraciones: “Decir a los trabajadores y trabajadoras de Cádiz que por lo que peleaban, la precariedad, es humo yo entiéndame, yo no hago grandes cosas, soy bastante humilde, créanme que yo de esto sé un poco y esto humo, exactamente humo, no es”, defendió desde el complejo de La Moncloa el pasado martes, tras aprobar en Consejo de Ministros el texto de la reforma laboral. 

"Prudencia y diálogo"

“Las negociaciones no son cómo empiezan, sino cómo acaban”, es el mantra instalado en el departamento de Díaz, después de nueve meses de una durísima negociación con los agentes sociales. El principal precedente que manejan es el de la ley rider, donde los socios de Gobierno también criticaban la tibieza de la medida por afectar únicamente a repartidores, y no a las plataformas. La medida fue finalmente aprobada sin enmiendas por una amplia mayoría y la Unión Europea la empleó como referencia legislativa en el marco común. 

En el entorno de la vicepresidenta piden “prudencia y diálogo”; las negociaciones para lograr el trámite parlamentario se desarrollarán discretamente durante enero y la primera semana de febrero, y el Ministerio de Trabajo mantendrá al mismo tiempo un hilo abierto con los agentes sociales, CEOE y sindicatos, para mantenerles al tanto del proceso. 

Aunque el portavoz de los comuns en el Congreso, Jaume Asens, ya ha advertido del riesgo de que la patronal se descuelgue ante cualquier cambio, desde el departamento de Díaz aseguran que todos los agentes sociales son “conscientes” de que la medida debe superar el trámite en el Congreso para llegar a ser efectiva. Las conversaciones se mantendrán hasta el final, pero el 9 de febrero, fecha límite para su convalidación.