El Gobierno lo intentó, pero fracasó. Buscó que la votación final de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 se adelantara, que pudiera acometerse este jueves, 23 de diciembre. Pero no será así, salvo giro (otro más) de última hora en la accidentada tramitación de las cuentas públicas del próximo año: el Congreso de los Diputados dará luz verde definitiva al proyecto de ley el próximo martes, día 28.

Los PGE tenían que haber salido aprobados definitivamente ayer martes en el Senado. Era lo que esperaba el Gobierno, de hecho. Anhelaba esa foto y estaba convencido de que la tendría. En el guion no figuraba que el pleno de la Cámara alta aceptara alguna de las 3.952 enmiendas registradas por los grupos. Pero ocurrió. Pasó el filtro una de Compromís porque la apoyó el PP (además de ERC). Los populares respaldaron crear un fondo de 1,6 millones de euros para la promoción de las lenguas cooficiales, en consonancia con lo que ordena la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, impulsada por el Consejo de Europa.

Una maniobra que la formación de Pablo Casado justificó porque su estrategia pasaba por "hacer todo lo posible" para que los Presupuestos regresaran al Congreso. Los socialistas acusaron a los conservadores de "boicotear" las cuentas, aun a costa de caer en una flagrante "contradicción": tras combatir por tierra, mar y aire el uso del catalán, el gallego y el euskera, ahora se aprestaban a adherirse a una enmienda de Compromís que buscaba la protección no solo de esos tres idiomas, sino del resto de lenguas regionales o minoritarias, como el aragonés o el bable. El PP alegó que se trataba del reconocimiento del hecho "cultural", y que cuadraba con el respaldo que "siempre" ha dado a ese acuerdo del Consejo de Europa.