Los Ministerios de Interior y de Justicia han votado en contra del informe preceptivo sobre el Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2022-2025 por contener una denuncia a la violencia institucional que sufren las mujeres, con una mención expresa a los casos de Juana Rivas, Irume Costumero y María Salmerón, han informado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, fuentes conocedoras del procedimiento.

Desde Justicia esgrimen que compartían el contenido de todo el informe, pero no de un párrafo en que se reprueba la violencia institucional, al considerar que no hay una definición específica de qué es la violencia institucional y que usar este término sin una reflexión previa puede tener efectos indeseados y disuasorios en las víctimas, que podrían dejar de acudir al sistema en busca de protección. Interior no ha respondido a los requerimientos de este medio.

Sin plan de igualdad desde hace cinco años

España lleva desde 2016 sin Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que es el encargado de establecer las líneas de actuación de la administración para avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres. El Instituto de las Mujeres ha elaborado el III Plan, para los años 2022-2025, que espera que sea aprobado en Consejo de Ministros en el primer trimestre del año.

Ese Plan tiene que ir obligatoriamente acompañado de un informe preceptivo elaborado por el Consejo de Participación de la Mujer, que fue aprobado este jueves, aunque con los votos en contra de los ministerios de Fernando Grande-Marlaska y Pilar Llop.

Interior y Justicia mostraron su disconformidad ante el texto por un único párrafo, que denuncia la violencia institucional que España ejerce contra "madres protectoras" como Juana Rivas, Irume Costumero -que perdió la custodia de su hija tras ser acusada de "síndrome de alienación parental"- y María Salmerón -condenada en varias ocasiones por impedir que su hija visitara al padre, condenado por maltrato machista-.

El informe pide que se pongan en marcha propuestas en el ámbito educativo y judicial para evitar que "madres protectoras" como las tres citadas (en el caso de Rivas, ha recibido el indulto parcial del actual Gobierno y Salmerón fue indultada en varias ocasiones por el Ejecutivo del PP) sean objeto de violencia institucional. En ese sentido, el Consejo de Participación de la Mujer solicita "una reflexión profunda en torno al papel del poder judicial" y el impulso de medidas eficaces para que las mujeres no se vean en situaciones de desamparo.

Justicia e Interior pidieron retirar ese párrafo para dar su visto bueno al informe y al no ser eliminado, votaron en contra, informan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes presentes en la reunión.

Justicia alega que podría tener un efecto indeseado

Desde Justicia explican que no podían suscribir este párrafo pues no existe por el momento una definición específica y consensuada de qué es la violencia institucional, y tampoco aparece ninguna en el informe ni en el Plan estratégico.

Las fuentes del Ministerio de Llop indican que usar este término sin una reflexión previa podría tener efectos indeseados y disuasorios en las víctimas, que podrían dejar de acudir al sistema para buscar protección.

Añaden las fuentes que, más allá de este contenido, comparten el resto del informe y hacen hincapié en que el texto se ha aprobado y que la postura de Justicia e Interior ni invalida, ni limita, ni frena la tramitación del Plan de Igualdad.

Sin embargo, desde las organizaciones denuncian que el voto contrario "es gravísimo, niegan la violencia institucional, no la reconocen ni piensan que haya que hacer nada. (...) La justicia es patriarcal, un obstáculo serio para la igualdad y se niegan a reconocerlo", denuncian fuentes presentes en la reunión del Consejo.

El informe de observaciones sobre el Plan de Igualdad ha sido elaborado por el Consejo de Participación de la Mujer, un órgano de carácter consultivo y asesor del Gobierno. Este órgano tiene como objetivo ser el cauce para la participación de las organizaciones de mujeres en el desarrollo y aplicación del derecho a la igualdad y actuar como interlocutor de las entidades representativas de las mujeres ante las administraciones públicas.

El Consejo está integrado por veinte vocalías ocupadas por organizaciones de mujeres, 13 representantes de las Administraciones Públicas (diez del Gobierno, dos de las comunidades autónomas y una de la Federación Española de Municipios y Provincias -FEMP-), cuatro representantes de organizaciones empresariales y sindicales a nivel estatal y tres expertas en igualdad.

El III Plan de Igualdad constará de cuatro ejes de intervención: buen gobierno, economía para la vida y reparto justo de la riqueza, garantía de vidas libres de violencias machistas y derechos efectivos para todas las mujeres.