El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado a la Conselleria d'Educació de la Generalitat y a la dirección de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar, en Barcelona, que adopten las "medidas necesarias" para "preservar la protección e intimidad" del menor que consiguió que el 25% de clases del curso sean en castellano y la de sus progenitores. El objetivo, destaca la providencia, es garantizar "la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo", según la resolución a la que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya.
En su petición al TSJC, los padres del alumno recordaron que habían recibido numerosos insultos, amenazas y vejaciones y por eso solicitaban que se instase a la escuela y a la Generalitat a garantizar su seguridad, como así ha ocurrido. Indicaron que tras "la reunión que la dirección del centro mantuvo con los padres y madres de la clase en la que está matriculado" el menor se creó unas horas después "un grupo público de Whatsapp que utiliza el logo del centro escolar y que tiene como finalidad dificultar la ejecución de las medidas cautelares", según ha avanzado El Mundo.
Es en este grupo que se "vierten gravísimas amenazas hacia" ellos y su hijo, exigiendo que "el centro identifique a la familia y al niño, del que se pide expresamente que sea expulsado del centro o que se le haga el vacío en la clase; en comentarios más extremistas se reclama el conocimiento del domicilio de la familia para que pueda ser apedreado".
Entre los mensajes destacaban: "Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian"; "Este niño se debe de quedar sólo en clase"; "los padres del resto de familia deben dejar al niño solo, los niños no deben volver hasta que esta situación no se arregle, y así en cada lugar dónde pase"; "Apartheid a la familia que quiere destruir nuestra escuela y nuestro modelo. No son bienvenidos ya que no quieren a Cataluña. Ya se pueden ir por dónde han venido".
La Fiscalía de Barcelona ha incoado diligencias de investigación para estudiar la trascendencia jurídica de los tuits y mensajes referidos la familia de Canet que pidió clases en castellano para su hija. La entidad Hablamos Español y el partido Vox han presentado las denuncias que han permitido al Ministerio Publico iniciar la investigación.
La asociación Hablamos español había presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior de Justicia de Catalunya contra los autores de diversos mensajes de Twitter dirigidos a la familia que consiguió que la justicia les reconociera el derecho a un 25% de enseñanza en castellano en la escuela. Entre los mensajes publicados destaca, según los denunciantes, "uno de la cuenta de Twitter de un varón, al parecer, exprofesor del Grado de Turismo de la UAB: 'Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Catalunya. No queremos supremacistas castellanos que nos odian'".
El ministro de Interior, Ferrnando Grande-Marlaska, ya avanzaba este jueves que toda amenaza a la convivencia en Cataluña sería investigada y pidió tener confianza en las fuerzas de seguridad y el poder judicial. "Las cuestiones son claras: toda posible amenaza en acontecimientos graves para la convivencia, más cuando estamos hablando en esos términos, será investigada en su caso, y tengamos confianza en la investigación tanto de las fuerzas de seguridad como del poder judicial", indicó.
