El empresario malagueño afincado en la Región de Murcia José Ramón Carabante, quien saltó a la fama tras promover la escudería Hispania Racing de Fórmula 1, recurrió en 2010 a los servicios del entonces comisario del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) José Manuel Villarejo para investigar y hacer un barrido de las llamadas de teléfono de su amigo Trinitario Casanova Abadía, con el que estaba inmerso en un arbitraje después de que le comprara en julio de 2008, por 100 millones de euros, el Grupo Hispania, según el relato de los diarios del polémico ex mando policial.  para investigar y hacer un barrido de las llamadas de teléfono de su amigo Trinitario Casanova Abadía, con el que estaba inmerso en un arbitraje después de que le comprara en julio de 2008, por 100 millones de euros, el Grupo Hispania, según el relato de los diarios del polémico ex mando policial.

En junio de 2010 ya habían pasado dos años desde que Carabante, propietario del Grupo 2002, había adquirido la sociedad de Casanova Abadía. Y entre ambos empresarios se había generado una importante controversia en relación al contenido del acuerdo de compraventa.

Casanova Abadía envió a Carabante un requerimiento para que este le pagara el dinero que consideraba que le adeudaba, que eran unos 50 millones de euros. Y ambos comparecieron en junio de 2010 en la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) de Madrid, cuyo tribunal estaba compuesto por Sebastián Albella Amigo, José Manuel Serra Peris y Jesús Trillo-Figueroa Martínez-Conde, este último hermano del exministro del PP Federico Trillo.

Anotaciones manuscritas

En una treintena de anotaciones manuscritas, a las que ha tenido acceso El Periódico de España, Villarejo relata de forma pormenorizada cuál fue su actuación en esta operación, por la que Carabante habría acordado pagarle “400 y 50 al mes”, según el diario del comisario. La Operación Carabante habría consistido, según las anotaciones manuscritas, en el espionaje de los supuestos vínculos económicos que Casanova Abadía mantenía con uno de los componentes del tribunal arbitral que debía decidir sobre la disputa económica. Y todo con la condición de comisario de Villarejo, quien habría contado con información de origen policial facilitada por varios de sus compinches. Este diario ha tratado, sin éxito, de conocer la versión de ambos empresarios.

Las actividades de Villarejo en la capital murciana habrían comenzado el 10 de junio de 2010 cuando el abogado Manuel Delgado, ahora procesado en el caso Gürtelle presentó “al nuevo dueño de Hispania”, que “también lo es de la Fórmula 1”. Se trataba de “José Ramón Carabante de la Plaza”, y según el comisario quería “datos de T. Casanova”, especifican los manuscritos, en alusión al vendedor del Grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía.

En la misma hoja el presunto cabecilla del considerado por la fiscalía anticorrupción como “clan policial mafioso” alude a su propuesta para reunirse con Carabante “el lunes a las 17 horas”.

Caso de la Zerrichera

El 14 de junio el comisario transcribe el contenido de la “reunión”, en la que obtiene datos de los negocios de Casanova Abadía, que estaba inmerso en el denominado caso judicial de La Zerrichera, destapado por La Opinión de Murcia.

De forma manuscrita alude a que el padre de Casanova Abadía “exportaba limones en Orihuela” (Alicante), pero también a que reclamaba 180 millones por la paralización de la urbanización a “Valcárcel”, en referencia al entonces presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel (PP).

También redacta: “Kutxa”, -la entidad financiera que había participado en la promoción de casi 5.000 viviendas en el mencionado paraje natural situado en el municipio costero de Águilas- “128 millones, pagaron 50 (Águilas). Relacionados con Malaya”. Tal y como informó La Opinión de Murcia, el empresario Francisco Javier Arteche, socio en esta promoción de la Kutxa, había sido imputado en el caso de corrupción de Marbella.

"Comprado por TC"

La agenda de Villarejo incluye después los nombres del exconsejero murciano Francisco Marqués, sobre el que dice, de forma literal: “Comprado por TC [Trinitario Casanova]”. También escribió el nombre de diferentes personas: “Jorge Sotelino (arquitecto)”, “Borja Ortega”, “Domingo Martínez”, “Joaquín Ortuño Abadía”, y “José Cáceres”. A este último le vincula con el exconsejero Francisco Marqués, quien pese a ser detenido acabó exonerado de cualquier responsabilidad penal en el caso de La Zerrichera.

Villarejo finalmente se refiere a otros negocios de Casanova Abadía, pues era propietario del periódico El Faro-Crónica del Sureste; y de unos terrenos en Xátiva. También anota “B. Popular-Titánica”.

En este sentido, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó en 2017 que Casanova Abadía cometió un delito contra el mercado por difundir una noticia falsa sobre una posible OPA de un grupo de inversores mexicanos al Banco Popular. Se le impuso una multa de 108.000 euros y la inhabilitación durante seis meses para intervenir en el mercado financiero.

El 17 de junio, tras celebrarse la primera reunión con Carabante, Villarejo escribe: “Confirmada la cita, sábado a las 11 H. Después a la finca y desde allí de vuelta. Organizar lunes para rastreo de líneas”.

Reunión en Murcia

Esta nueva reunión tiene lugar “el lunes sobre las 11 horas” en Murcia. Y para acudir a la entrevista el comisario toma nota de la sede de la empresa, que estaba ubicada en la céntrica Plaza de la Fuensanta.

En la agenda aparece otra anotación que es clave para entender la forma de actuar de Villarejo, pues alude a la presunta intervención de “Oli”, el excomisario jefe de la UDEF José Luis Olivera; y de “Big”, el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño: “Datos sobre Trillo y sus relaciones con Trin. Casanova. Asunto Letras Universales. Big [García Castaño] tiene info de todos los viajes”.

El 21 de junio aparece otra frase vinculada a Carabante, apellido que Villarejo escribe en ocasiones con uve: [Caravante] no con b: “Toque para barrido mañana, organizar info para miércoles. Tubo”, y días más tarde Villarejo escribe que este empresario le había llamado para “dar teléfonos”. “Quedamos en vernos esta semana”.

"Los vínculos de Trillo y TC"

El 22 de junio Villarejo apunta que su cliente tiene “muy buena predisposición". "Mañana iba a Murcia. Organizar informe y hacérselo llegar”. Unos días después, el 1 de julio Carabante “aceptó y agradeció los temas”. Después el comisario ya advierte a su cliente “sobre Trillo y vínculos con TC [Trinitario Casanova] (son socios). Hablar próximos días”.

La antigua sede del Grupo Hispania. Tono Calleja

En concreto, el comisario se refiere al hermano del exministro, quien formaba parte del tribunal de arbitraje que debía dirimir su disputa con Casanova Abadía. En otras anotaciones el comisario sostiene que Carabante, que le reclamaba “avances”, “sigue adelante con el plan de trabajo”, al mismo tiempo que propone que le lleve “un contrato”.

Pese a la operación desarrollada por Villarejo, Carabante no logró su objetivo, pues al final del arbitraje fue obligado a abonar 35 millones a Casanova Abadía, a quien inicialmente reclamaba 135 millones. En la agenda Villarejo anotó, tras el nombre del abogado Manuel Delgado, quien le había presentado a su cliente murciano: “Gran bronca sobre JR Carabante”. Sin embargo se mostró esperanzado porque este letrado, quien falleció hace unos meses, le había mostrado "buena predisposición para otras cosas". Pese a todo, la Operación Carabante no fue en vano para el comisario, pues estrechó sus lazos con Delgado, que acabó como consejero de ACS hasta 2019, cuando Florentino Pérez le obligó a dimitir por su relación con Villarejo. Pero esa es ya otra historia.