Lo "anómalo" de la actual situación, así como el "desánimo", "desgaste" o "hartazgo" en el que dicen estar sumidos son los términos que más se repiten cuando se pregunta a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el cumplimiento, este 4 de diciembre, de tres años de finalización de su mandato sin que PSOE y PP hayan logrado llegar a un acuerdo para renovar este órgano constitucional. 

Por otro lado, todos los miembros del órgano consultados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA defienden su total legitimación para seguir en el cargo, así como la importante labor que siguen desarrollando como órgano de gobierno de los jueces, que no puede parar, con independencia de que la última reforma limitara sus funciones respecto a los nombramientos en la cúpula judicial.

Uno de los vocales que se manifiesta con mayor dureza es Álvaro Cuesta, exdiputado y designado a propuesta del PP que dice estar viviendo este aniversario "con indignación", ya que le parece un "escándalo en términos democráticos" el bloqueo al que, a su juicio, el PP somete el asunto de la renovación. "No se trata de una pelea de 'tacticismos' democráticos, eso es la anécdota, lo que está en tela de juicio es la base misma de nuestro sistema constitucional", añade, por lo que cree que los responsables de la situación tiene que reflexionar sobre lo que considera un "boicot" que puede derivar en un "sistema político fallido".

51 candidatos presentados

 Añade que el Consejo hizo los deberes, porque hay 51 candidatos presentados para renovar, y es obligación de las cámaras someter a votación esos candidatos "para que cada uno se coloque ante el espejo". Sobre el trabajo diario, señala que "un órgano que no sabe qué horizonte tiene está trabajando como un autómata, sin proyectos a medio plazo que corresponderían al órgano siguiente".

El vocal José María Macías, abogado de profesión, manifiesta a este diario sentirse "desanimado y muy cansado", pero también subraya su preocupación por la incapacidad política para encontrar soluciones al desencuentro, que es lo que desgasta la institución ante la opinión pública.  

"Y me preocupa mucho más aún el próximo Consejo, porque como se me hace evidente que no se va a ceder en que los jueces elijan a los jueces, la sospecha de politización que va a recaer sobre los próximos vocales va a ser inevitable y extrema después de esta pugna por el sistema de renovación", añade. Por esta razón propone que la renovación, cuando llegue, "vaya acompañada de una propuesta seria de modificación del sistema que respete los estándares europeos para acabar de una vez por todas con estas situaciones". 

Mano atada a la espalda

En cuanto al trabajo que se desarrolla, Macías, designado a propuesta del PP, defiende al igual que el resto de consejeros consultados se lleva acabo con la misma responsabilidad que el primer día, si bien califica de "mano atada a la espalda" que se haya impedido que el Consejo realice nombramientos discrecionales, lo que considera "una irresponsabilidad" porque se hizo con el propósito de forzar los términos de una negociación.

El juez Juan Manuel Fernández, también en el bloque conservador del CGPJ, incide en la importancia de la legitimación de la que gozan los vocales con independencia de que se haya alcanzado la línea psicológica de tres años sin renovación. En cuanto a la supresión de competencias de la última reforma, instada por el Gobierno de coalición, lamenta que esté lastrando el correcto funcionamiento de los tribunales de Justicia, particularmente del Tribunal Supremoya que existen salas donde deben ser realizados nombramientos con urgencia.

En el mismo sentido se manifiesta Juan Martínez Moya, perteneciente al mismo sector del Consejo, que niega tener ninguna sensación de falta de legitimidad en su cometido profesional diario como vocal. "Soy consciente de que la responsabilidad institucional de la renovación nos completamente ajena, sin perjuicio de los llamamientos a la responsabilidad que hemos hecho al respecto", añade. 

Como "indicador irrefutable" del trabajo que se sigue desarrollando, Martínez Moya cita el número de acuerdos y de ejecución decisiones que se adoptan en la Comisión Permanente, a la que él pertenece, todas las semanas. "El funcionamiento maquinaria de gestión del gobierno del poder judicial no tiene tregua, a pesar de la limitación legal en nuestra función de nombramientos de cargos judiciales discrecionales", añade a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Prevención de riesgos y valoración de leyes

A modo de ejemplo, este vocal anuncia que el CGPJ aprobará "en breve" el nuevo convenio de materia de prevención de riesgos con el Ministerio de Justicia; y se refiere también al seguimiento de 350 comisiones de servicio (jueces desplazados para funciones específicas) y refuerzos en juzgados. 

Por parte de otro sector del CGPJ, el juez de la Audiencia Nacional Rafael Mozo, designado a propuesta del PSOE, reconoce que la actual situación no es deseable, sino anómala, si bien "una cosa es la bulla externa y otra lo que ocurre a nivel interno" en el órgano de Gobierno de los jueces, que sigue funcionando igual que en el periodo de mandato de sus vocales con excepción del tema de los nombramientos.  

¿Renovación en enero?

Recuerda en este punto que el lunes se organizó la entrega de despachos a los nuevos jueces presidida por el rey, el miércoles una reunión con presidentes de tribunales superiores de justicia y este mismo jueves otro encuentro para avanzar en los planes de formación continua. Sobre la renovación, Mozo aventura que posiblemente se produzca el próximo mes de enero. "Es lo más seguro".

Otros vocales prefieren no identificarse, pero manifiestan su situación a este periódico repitiendo los términos "anomalía" o "hartazgo" por los continuos anuncios de renovación que al final quedaron en nada.  

Bloqueo por parte del PP

"Es muy preocupante que los políticos no lleguen a un acuerdo para renovar el CGPJ y especialmente que el principal partido de la oposición lleve bloqueando ese acuerdo durante tanto tiempo", añade la misma fuente, que coincide con otras voces que llegan también del ala más cercana al gobierno.

Estos vocales se dicen "sorprendidos" por la falta de compromiso de determinados políticos y llegan a calificar de "abusiva" la postura del Partido Popular, que achacan a su interés en retener el control sobre instituciones "cuando el momento institucional es desfavorable para controlarlas", lo que no ha ocurrido nunca cuando, al contrario de lo que pasa hoy, gobierna la derecha y debe realizar este tipo de pactos institucionales con el PSOE.

"No debe decirse que la responsabilidad es de los políticos, es de Génova", añade este vocal, que incide en que lo malo es que los nuevos vocales que accedan una vez se produzca la renovación estarán, de hecho, caducados, porque habrán sido elegidos por un parlamento que no es el que les corresponde. Otros consejeros insisten en que, en todo caso, no pueden dimitir y dejar la institución para forzar un acuerdo, porque constituiría un delito de abandono del servicio.