El Parlamento tiene que acelerar su actividad si quiere llegar a tiempo para ampliar la protección de las mujeres víctimas de violencias machistas y de sus hijos en esta legislatura. La hoja de ruta legislativa marcada es ambiciosa, pero su éxito va a estar supeditado a la diligencia de las Cortes: la ley del sólo sí es sí, la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género o la ley de mejora de la protección de los huérfanos de la violencia de género dependen de ello, según publica este lunes El Periódico de España.

El 3 de diciembre se alcanza el ecuador de la legislatura, el reloj corre. En el Congreso de los Diputados ya hay varias iniciativas legislativas que persiguen agrandar el marco de protección de las mujeres en los contextos de la violencia sexual, acabar con el acoso que sufren a las puertas de las clínicas de interrupción del embarazo y mejorar la respuesta legal que se da a los hijos de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

En el futuro llegarán, si se cumplen los planes del Ministerio de Igualdad, la reforma de la ley del aborto y la ley integral contra la trata.

UNA LEY CRUCIAL PARA IGUALDAD

El proyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual (sólo sí es sí), demanda histórica del movimiento feminista, continúa en plazo de enmiendas, pero las proposiciones de ley de penalización del acoso en centros donde se practican abortos y de mejora de la protección de huérfanos ya han recibido las enmiendas de los grupos parlamentarios y encaran la fase de ponencia, por lo que le toca a la Comisión de Igualdad, presidida por la socialista Carmen Calvo, fijar los tiempos para dar forma final a los textos que tendrá que votar el Pleno.

El Ministerio de Igualdad espera que la ley del sólo sí es sí sea una realidad en 2022, se trata de su gran proyecto legislativo. "Desde luego contamos con que sea ley en 2022", ha explicado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, quien destaca que esta norma ofrecerá una protección integral contra la violencia sexual (incluida la explotación sexual) como la ley 1//2004 lo hace en el ámbito de la violencia de género en la pareja.

El proyecto de ley regula el consentimiento expreso en las relaciones sexuales (un mandato del Convenio de Estambul) y reforma el Código Penal para acabar con la distinción entre los delitos de abuso y violación y crear un sistema progresivo de penas para las conductas delictivas contra la indemnidad y libertad sexuales. Se trata de una ley integral que incluye la prevención, la atención, la sanción, la especialización de los profesionales y la reparación de las víctimas.

En el texto se consideran violencia sexual la agresión, el acoso, el el exhibicionismo, el acecho o acoso callejero, la provocación sexual, la prostitución ajena, la explotación sexual, la corrupción de menores, la mutilación genial femenina, el matrimonio forzado, el feminicidio sexual y, en el ámbito digital, la violencia sexual transmitida por medios tecnológicos, la extorsión sexual y la pornografía no consentida. Todas las víctimas de estas violencias estarían amparadas en esta norma.

Dudas sobre el encaje legal de la prostitución

Tanto el PP como Vox presentaron una enmienda a la totalidad del texto, pero el Ejecutivo contaría con la mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante las medidas relativas a la violencia sexual, sin embargo, no lo va a tener tan fácil con los artículos incorporados para luchar contra la impunidad de la industria proxeneta: se propone endurecer el Código Penal para perseguir todo tipo de proxenetismo y la tercería locativa, esto es, el lucro del alquiler de locales donde se explota sexualmente a mujeres y niñas.

Por un lado, el PSOE quiere una ley para abolir la prostitución y PNV, ERC y JxCAT han expresado sus dudas sobre el proyecto planteado por el Gobierno y han pedido un debate profundo antes de abordar este tema.

Más sencilla se prevé la tramitación de la ley para facilitar los trámites sucesorios y el acceso a las pensiones de los hijos de las mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas. En la actualidad, aunque a estos pequeños se los reconoce como víctimas, la respuesta legal que se les da es mejorable y deben sortear grandes trabas.

La financiación caduca en meses

En manos de las Cortes también está la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuya financiación caduca en septiembre de 2022. Antes de esa fecha, debe haberse renovado para garantizar las partidas económicas para la lucha contra esta violencia. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, destacaba este viernes que es "evidente" que hay una "fecha máxima para blindar" la financiación y mostraba su convencimiento de que la renovación se hará con rapidez.

"Entiendo que se cerrarán unos ejes o un dictamen a la mayor brevedad, este mismo año", aseveraba en rueda de prensa.

Ante la inminencia de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de las Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, la ministra de Igualdad presentaba hace pocos días en el Congreso una propuesta de dictamen de actualización y renovación del Pacto consensuada por los socios del Gobierno.

"El Gobierno considera que es el momento de reafirmar el consenso político para la erradicación de todas las violencias machistas", indicaron entonces fuentes de Moncloa, que aseguraron que el Ejecutivo trabajará con todas las formaciones políticas del Parlamento y "desde la unidad institucional" para actualizar "cuanto antes" el Pacto de Estado.

Serán las Cortes quienes reediten esta iniciativa política vital en la lucha contra las violencias machistas, pues fueron las Cámaras las que lo sacaron adelante en 2017 (casi por unanimidad, pues todos los grupos votaron a favor, a excepción de Podemos, que se abstuvo al considerar que el dictamen era poco ambicioso).

En el borrador de dictamen que Montero ha trasladado a diputadas y senadoras se propone blindar la financiación de la lucha contra la violencia machista, mejorar la cooperación institucional e incorporar la financiación de las entidades feministas en estos fondos (que recibirían un 1 % del total del presupuesto).

Es bastante previsible que el Pacto salga adelante con una amplísima mayoría de ambas cámaras, incluso el PP ha mostrado en sede parlamentaria su predisposición para mantenerlo vivo.

Aborto y trata, en fase muy primigenia

El Ministerio de Igualdad prepara otras dos leyes ambiciosas que aún están en fase primigenia: la reforma de la ley del aborto y una ley integral contra la trata.

El departamento de Irene Montero espera tener listo en diciembre el borrador de la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Los socios de Gobierno acordaron en su pacto de coalición reformar esta legislación para acabar con la necesidad de consentimiento paterno para que puedan abortar las chicas de 16 y 17 años.

Sin embargo, desde Igualdad consideran que existen obstáculos que dificultan el ejercicio efectivo y pleno de los derechos recogidos en la norma y que la situación es mejorable en términos de servicio público, por lo que se pretende garantizar que la sanidad pública practique estas interrupciones en todos los territorios, regular la objeción de conciencia de los médicos y acabar con los tres días de reflexión.

Asimismo, en el apartado de violencias contra la mujer, pretende reconocer como tal los vientres de alquiler (una "explotación reproductiva del cuerpo" femenino) y las malas praxis obstétricas, como episiotomías generalizadas, uso excesivo de cesáreas y oxitocina sintética o la práctica de la presión manual del fondo uterino.

La tramitación de esta norma no será un camino fácil para Igualdad, que es consciente de que tendrá que negociar tanto con PSOE como con los socios parlamentarios (el PNV ha expresado públicamente sus dudas a este respecto). Además, la derecha y la extrema derecha se opondrán de forma frontal.

También en la dirección de erradicar las violencias machistas, Igualdad ha comenzado a trabajar con otros ministerios en una ley integral contra la trata, que ya ha sido sometida a consulta pública previa, y que incluirá medidas de prevención, de persecución de las redes criminales y de protección y recuperación integral de las víctimas.

Montero ha reconocido que la protección de las víctimas de trata es una deuda del Estado y ha defendido que esta legislación integral colocará a las víctimas en el centro y se anclará en los derechos humanos. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género mandata la elaboración de esta ley específica.

La ministra ha destacado que la detección e identificación de las víctimas de trata es una asignatura pendiente que ha de hacerse con enfoque de género y de manera que no suponga un riesgo añadido a la vulneración de los derechos de estas personas, por ejemplo con su sanción penal o administrativa.

La titular de Igualdad se ha mostrado partidaria en varias ocasiones de reformar la ley de extranjería y de una regularización extraordinaria de migrantes para poder proteger a todas las víctimas de la industria proxeneta.