El PSOE ha denunciado este viernes ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada al consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, a su antecesor en el cargo, Javier Celdrán, y al director general de Informática y Transformación Digital, Javier Martínez Gilabert, por la tardanza del concurso de la televisión autonómica y la adjudicación a la anterior concesionaria de un contrato directo por la vía de urgencia, en las que ve indicios de los delitos de prevaricación, malversación y cohecho.
La dirección del PSRM-PSOE considera que la demora ha provocado una situación "fraudulenta", dado que la anterior concesionaria, CBM Servicios Audiovisuales, filial de la compañía Secuoya, ha seguido gestionando La 7 desde entonces mediante un contrato asignado sin ningún tipo de concurso público y habrá ingresado 17,1 millones de euros al acabar este mes de noviembre, al amparo de la normativa legal que facilitó la declaración del estado de alarma.
Por eso sostiene que "existen indicios suficientes para poder entender que nos encontramos ante una contratación fraudulenta que se viene prolongando desde hace más de un año", sin que se hayan modificado las órdenes de prórroga "dictadas cuando dejó de estar vigente el estado de alarma. Se sigue aludiendo a esta extinta situación para justificar la contratación de emergencia», se apunta en la denuncia.
El PSOE pide a la Fiscalía que investigue si los responsables de poner en marcha el procedimiento para renovar el contrato de 7TV incurrieron en los presuntos delitos de prevaricación, malversación y cohecho al haber convocado el concurso apenas dos meses antes de que expirara el anterior contrato con Secuoya, a pesar de saber que no daría tiempo de resolverlo en un plazo tan breve.
De hecho, los denunciantes recuerdan que la adjudicación del concurso convocado en 2014 tardó un año en resolverse, por lo que señalan que la demora ha beneficiado a la anterior adjudicataria al permitirle seguir gestionando el canal autonómico durante 20 meses y cobrar 17,1 millones en este periodo.
Aducen igualmente que la Comunidad ha seguido pagando la misma asignación mensual establecida en el contrato con Secuoya que venció el 30 de abril de 2020, sin tener en cuenta los costes que ya estaban amortizados.
En esta ocasión el concurso se ha alargado más de un año y medio porque llegó a estar suspendido por orden del Tribunal de Recursos Contractuales, que obligó a modificiar el pliego de condiciones a instancias del grupo murciano TCERO, uno de los cinco postores que presentaron ofertas.
Además, el comité de expertos nombrado en diciembre de 2020 por el anterior consejero fue cesado en septiembre de este año sin que llegara a puntuar las cinco ofertas presentadas.
A finales de septiembre el actual consejero, Luis Alberto Marín, nombró un nuevo comité de expertos que está estudiando las propuestas de los postores contrarreloj.
"Vínculos personales"
El PSOE argumenta igualmente que las prórrogas a Secuoya han sido aprobadas por un gobierno en el que "existen vínculos personales más que cuestionables entre responsables políticos de alto rango» de la Comunidad", ya que el director general de La 7, Antonio Peñarrubia, está casado con la secretaria general de Presidencia, Mar Moreno.
"Que la secretaria general de Presidencia sea la esposa del director general de la adjudicataria de estos dieciocho millones de euros por lo menos exige una investigación judicial de los hechos denunciados», sostienen en la denuncia.
El PSOE recuerda que, "a pesar de que era conocida la fecha de finalización del contrato", que terminaba el 30 de abril de 2020, "y de que no era legalmente posible que se prorrogase" de acuerdo con la normativa establecida en la Ley de Contratos del Sector Público, el director general de Informática declaró la tramitación urgente del expediente el 2 de marzo de 2020, cuando faltaban menos de dos meses para que la televisión autonómica tuviera que dejar de emitir.
"El Gobierno regional no inició el procedimiento de la nueva contratación con la suficiente antelación para que, llegado el 30 de abril de 2020, estuviera dispuesto el nuevo contratista para iniciar las prestaciones", se recoge en la denuncia.
También se indica que al haberse puesto en marcha el concurso con menos de dos meses de antelación, a pesar de tratarse de un contrato de elevada cuantía, que alcanza los 77,5 millones de euros y requiere "un procedimiento de contratación abierto, "de ámbito no solo estatal, sino también europeo", la orden del entonces consejero de Hacienda, Javier Celdrán, "declarando la urgencia del procedimiento" y la imposibilidad de la prórroga se firmó el 2 de marzo.
Sin embargo, el 27 de marzo, tras la declaración del estado de alarma, el consejero dictó otra orden en la que le encargó a Secuoya, por el procedimiento de urgencia, "que siguiera prestando el servicio" desde el 1 de mayo hasta "el día del inicio de las emisiones por parte del adjudicatario del nuevo contrato de gestión indirecta".
Los denunciantes consideran que se trata de "un fraude", ya este encargo no está amparado por la Ley de Contratos del Sector Público, porque no responde a «un acontecimiento catastrófico ni situación que suponga grave peligro o ninguna necesidad que afecte a la defensa nacional".
Recuerdan que este contrató volvió a prorrogarse el 27 de junio y el 24 de septiembre de 2020, el 12 de marzo de 2021 y el 29 junio. Está última prórroga debe ser renovada el próximo 1 de diciembre, salvo en el caso de que la Comunidad pudiera culminar el proceso de adjudicación este mismo mes.
