El pasado jueves, después del pleno del Congreso, dos personas del Ministerio de Interior y del PSOE se reunieron con el diputado del PNV Mikel Legarda para explicarle el pacto que propiciará, si hay mayoría suficiente, la derogación de la 'ley mordaza'. El movimiento es significativo porque se produjo unas horas después de que el secretario de Estado para la Agenda 2030 y negociador de Unidas Podemos, Enrique Santiago, anunciara un principio de acuerdo en el seno de la coalición para proceder al reemplazo de la norma.
El portavoz del grupo socialista, Héctor Gómez, además, ha intensificado los contactos con su homólogo vasco, Aitor Esteban, para enriquecer los cauces de diálogo abiertos con motivo de la negociación del proyecto presupuestario de 2022, actualmente en fase de enmiendas parciales. Según han informado fuentes parlamentarias al tanto de las conversaciones, la relación entre ambos portavoces se ha vuelto fluida, en lo que sería un síntoma más de la preferencia que el Partido Socialista ha dado a los nacionalistas vascos en este momento de la legislatura. No se escapa que todavía, para la dirección del PSOE, es más productivo y fructífero un hipotético pacto con el PNV que con EH Bildu, el otro grupo parlamentario vasco.
Los dos hechos, si se analizan por separado, delatan un vínculo parlamentario más entre dos formaciones que integran la mayoría legislativa. Pero si se ven juntos indican otra cosa. Indican una relación preferente en un momento crucial de la legislatura en el Congreso. Desde que Pedro Sánchez fue investido en enero de 2020, el PNV es uno de los aliados más cuidados, y no porque siempre haya votado a favor de las propuestas del Gobierno, sino porque sus seis diputados son esenciales para sujetar la agenda progresista en la que se ha embarcado Moncloa. Además, los dos partidos forman el Ejecutivo de Euskadi. Al PNV le interesa el PSOE y al PSOE le interesa el PNV.
El problema de la ley mordaza
Fuentes del grupo vasco en el Congreso explican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, que el despecho con el que han sido tratados en la negociación inicial para la derogación de la ley de seguridad ciudadana no ha influido en la de los presupuestos. El PNV ha delimitado los ámbitos parlamentarios en construcción, de tal manera que uno no interfiera en el otro. Lo que hablaron el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, el PSOE y Aitor Esteban hace unos días se ciñó a la transferencia de la gestión integral del ingreso mínimo vital. Nada más.
El PNV logró su objetivo, o al menos eso dijo en público, y tiró a la papelera la enmienda a la totalidad que había preparado por si acaso.
Pero al mismo tiempo, en otro plano completamente distinto, los dos partidos del Gobierno de coalición empezaron a hablar para acordar un texto que sirviera de base a la derogación de la ley mordaza. Lo hicieron a espaldas de sus aliados, sobre todo a espaldas del PNV, que era el partido que hace un año registró una proposición de ley en el Congreso para que propiciara la derogación.
Enrique Santiago y Rafael Simancas se encargaron de dar los últimos retoques. El miércoles 3 de noviembre pergeñaron el texto y el diputado de Unidas Podemos anunció el pacto al día siguiente. A su vez, el equipo de comunicación del grupo enviaba a los medios un resumen de los principales aspectos cerrados. Preguntada una fuente que participó activamente en la ponencia de la Comisión de Interior que en 2019 casi cierran un acuerdo al respecto, afirmó que la redacción era la misma que la de entonces.
Y era casi idéntica a esa propuesta que el PNV registró en el Congreso en octubre de 2020.
Los aspectos pactados más importantes son los siguientes:
- Quedarán sin sanción la grabación y difusión de imágenes de agentes policiales en manifestaciones, por ejemplo, siempre y cuando no afecten a su intimidad y/o seguridad y a la de sus familias. Si las imágenes son captadas por videovigilancia móvil, así deberá constar en cada atestado de actuaciones en la vía pública conforme a la ley de protección de datos.
- Sólo deberán comunicarse a la autoridad competente las manifestaciones de eventos previstos y previsibles por calendario. No hacerlo acarreará una sanción leve. Serán sancionables si provocan violencia o alteración del orden público.
- Los registros corporales para la identificación de los ciudadanos en la vía pública tendrán que estar debidamente motivados por escrito.
- Los desnudos para la identificación serán parciales, y si han de efectuarse de modo inmediato, se llevarán a cabo en lugares que garanticen la intimidad.
- La cuantía económica de las multas será más baja y se adaptarán a la capacidad económica y a la edad.
- Las sanciones serán de índole restaurativo o resultado de la conciliación de la persona autora o la persona o institución ofendida. En el expediente, se dará preferencia a la resocialización, de modo que se eliminará la limitación actual, de una sola vez, a sustituir las sanciones a menores por trabajo social o comunitario.
- El tiempo de identificación en comisaría será de un máximo de dos horas, salvo causa excepcional debidamente alegada y verificable. Una vez concluida, la persona identificada deberá ser devuelta al lugar desde donde fue conducida.
- Las devoluciones en caliente en frontera quedarán al amparo de lo que establezca la legislación de extranjería.
La reunión con Legarda
Todos los puntos anteriores se abordaron entre finales de 2018 y primeros de 2019. PSOE, Podemos, PNV y hasta el PP casi finiquitaron el dictamen. El adelanto electoral puso a dormir el documento hasta que los nacionalistas vascos, en otoño del año pasado, lo recuperaron para registrar su propuesta.
Aitor Esteban empezó el actual periodo de sesiones reivindicando el fin de las prórrogas de enmiendas a dos leyes de su grupo, la de secretos oficiales y la de seguridad ciudadana. Encadenar una prórroga tras otra es una manera de congelar en una especie de limbo parlamentario normas sin mayoría garantizada. La Mesa del Congreso es donde se decide.
A mediados de octubre, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, clausuró el congreso de su partido con el compromiso de derogar la 'ley mordaza'. No era la primera vez que lo hacía, y por ello, el portavoz del PNV le criticó en Twitter. 48 horas después del anuncio del líder socialista, la Mesa volvió a ampliar el plazo de enmiendas. Una semana más en el congelador. Esteban hizo público su malestar y entonces algo cambió. Al día siguiente, en el hemiciclo de la Cámara Baja, Félix Bolaños le dijo al diputado nacionalista que no habría más prórrogas. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, le transmitió lo mismo por teléfono. La sensación de que se acababa el letargo se instauró en el PNV.
La sensación duró una semana. PSOE y Unidas Podemos volvieron a pedir una prórroga. Y luego otra. Necesitaban esos aplazamientos para que Simancas y Santiago pactaran entre ellos el texto de la derogación. El proceso se complicó por las resistencia de Interior a cuestiones relacionadas con la difusión de imágenes de agentes y con las devoluciones en caliente, En el grupo vasco, según testimonio de sus fuentes, no daban crédito.
Por ello, horas después del anuncio de Unidas Podemos, el PSOE llamó a Legarda para que se vieran y encauzar el trabajo que se vislumbra a partir de ahora: una ponencia en la Comisión de Interior para, en un mes, elevar al pleno la derogación. "Fue una primera reunión exploratoria en la que se nos ha trasladado algo de contenido general, y sobre todo, su intención de cerrar el periodo de enmiendas y empezar, de manera inminente, con la ponencia", señalan las fuentes del grupo vasco. Con todo, advierten esas mismas fuentes, falta margen para asentar la mayoría.
