La exministra de Exteriores, Arancha González Laya, sin carné socialista y sacrificada por Pedro Sánchez para intentar superar la crisis diplomática con Marruecos, no es precisamente una persona que despierte pasiones en el Gobierno. Al contrario. A ella y a su jefe de gabinete, Camilo Villarino, les han dejado solos en la causa abierta en el juzgado de instrucción número 7 de Zaragoza, que investiga la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en España. Pero ninguna de las fuentes consultadas por El Periódico de España en el Ejecutivo ha mantenido que esa instrucción tuviera recorrido. "No hay caso. No hay delito", aseguran. Y, sin embargo, los dos investigados, Laya y Villarino, se ven abocados ya al banquillo. Y la misma opinión tienen las acusaciones y sus letrados, que promovieron la causa.

En contra de todas estas opiniones iniciales el juez Rafael Lasala ha continuado hacia delante. Según distintas fuentes el objetivo, a la vista de sus insistentes preguntas a la exministra sobre quién autorizó la llegada de Gali, enfermo de Covid, a la base militar de Zaragoza en un avión militar argelino, "a quién está buscando es al presidente del Gobierno". Si lograra implicarlo -Laya se escudó en la Ley de Secretos Oficiales para no dar detalle sobre un tema de política exterior que compete a la relación entre España y Argelia- entonces elevaría la causa al Tribunal Supremo. Pero como no ha logrado datos suficientes la sensación, según constatan diversas fuentes, es que abrirá juicio oral.

No es una impresión fundada en apreciaciones sino sustentada en las respuestas que el juez ha dado a la petición de archivo de la investigación. En un auto del pasado 7 de octubre dejó claro que no le valen ninguno de los argumentos que ha esgrimido la excúpula del Ministerio. En resumen, que si la llegada de Gali a España se hizo de forma discreta es porque no se había notificado previamente a Marruecos -el Frente Polisario es su gran enemigo-. Y que si no se le pidió la documentación es porque se había producido una llamada previa de Argelia avisando de su llegada, en camilla medicalizada por Covid, en un avión de Estado. Un cortesía diplomática, como se tiene con otros países, esgrimían.

Amparados por Shengen

Exteriores siempre invocó que el Acuerdo de Shengen, en uno de sus artículos amparaba su acceso sin realizar el control de pasaportes. "Por motivos humanitarios, de interés nacional o por obligaciones internacionales, todo Estado miembro podrá autorizar la entrada en su territorio a nacionales de terceros países", aunque no dispongan de la requerida documentación. Y prosigue que "cuando un nacional de un tercer país esté inscrito como no admisible, el Estado miembro que le autorice la entrada en su territorio informará de ello a los demás Estados miembros".

Pero el juez no da validez a esta figura legal con el argumento de que la consulta de si Gali era buscado por la justicia no se realizó. "No sólo consta que no se ha hecho, sino que se ha reconocido que no se ha querido hacer de forma deliberada con el fin de que la entrada fuera discreta", sostiene en el auto.

El mismo solicitó a la oficina Sirene España y a la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad que informaran si cualquiera de los Estados miembros de la zona Schengen habían librado orden europea de detención o de mera localización a fin de comparecer ante una autoridad judicial contra Gali. Según aseguran fuentes conocedoras el resultado de esa pesquisa es negativo. Nada le impedía venir a España. Era admisible, pero el magistrado de Zaragoza se queda con que no se intentó hacer. La justificación de Exteriores es que meter su nombre en el sistema podría haber puesto en alerta a Marruecos.

El líder polisario, a raíz de varias denuncias previas por genocidio y torturas, tenía causas abiertas en la Audiencia Nacional. De hecho, el origen de la investigación de Lasala por presunta prevaricación, encubrimiento y falsedad documental, es la denuncia del abogado Antonio Urdiales, por entender que el Gobierno ocultó la llegada de Gali a España para que no rindiera cuenta en los tribunales, que es la tesis que sigue el magistrado. Insiste Lasala en que "no ha de olvidarse que se investiga también si la conducta podría tener la finalidad de evitar problemas judiciales en nuestro país, de quien de manera tan peculiar entraba pues caso de saberse de un proceso judicial contra una persona y aunque no haya medidas cautelares contra ella, las autoridades han de poner en conocimiento de los juzgados competentes la localización del sujeto investigado".

Causa en la Audiencia Nacional

Laya y Villarino han mantenido siempre que no tenían conocimiento de estos sumarios en la Audiencia Nacional. Uno de ellos ya se ha archivado. El otro aún no, pero no impidió que el juez autorizara el regreso de Gali a Argel una vez que salió del hospital de Logroño donde se encontraba. Y que si no se hizo público es porque no se había informado a Rabat. La decisión de silenciarlo se reveló en poco tiempo políticamente errónea. Los servicios secretos marroquíes se enteraron casi de inmediato y fue Marruecos quien filtró que el dirigente del Frente Polisario estaba en España. También hicieron circular la idea de que se hizo así para esquivar a la Audiencia Nacional.

La entrada de Ghali abrió una crisis con Marruecos que aún no se ha superado pese a la defenestración de la exministra. Su gestión del asunto y el intento de calmar a Rabat le costó el puesto. Pero la razón verdadera del enfado de Mohamed VI con España era que no apoyó el reconocimiento de EEUU de la marroquinidad del Sáhara. El Gobierno sitúa a las dos acusaciones personadas en la investigación de Zaragoza en la órbita del reino alauí.

Tras el verano, con los primeros gestos de deshielo, aún se pensaba que se podría convencer a los marroquíes de que retirara a los abogados de la causa. Ahora el juez ha llegado tan lejos que se considera imposible. La vigencia de la investigación y la cantidad de datos que proporciona sobre el funcionamiento interno del Estado español se consideran incentivos suficientes para que Marruecos mantenga todavía en barbecho su relación con España. "A ellos les interesa y mientras tanto no tienen prisa ni para una entrevista de los ministros de Exteriores ni para organizar la Reunión de Alto Nivel entre los dos Ejecutivos", apuntan las fuentes consultadas.