La comparecencia de los candidatos al Tribunal Constitucional pactados entre PP y PSOE en la comisión de nombramientos del Congreso de los Diputados llevaba camino de no ser más que un "paripé" en el que se negaban a participar todos los que habían quedado fuera del acuerdo hasta que le llegó el turno al socialista Odon Elorza, que interrogó al primer candidato, Enrique Arnaldo, sobre su imparcialidad como si su partido no hubiera aceptado su nombre para desbloquear la renovación del TC y luego no le fuera a avalar.

El diputado del PSOE le preguntó sobre su independencia respecto al partido que le había propuesto, el PP, y su fundación Faes, en la que impartió varios cursos, así como por una supuesta incompatibilidad para ejercer como letrado de las Cortes y su despacho profesional. Incluso si temía tener que apartarse de eventuales recursos de amparo en el caso Lezo o en las causas por las que se condenó al expresidente balear Jaume Matas. Arnaldo hizo una defendida defensa de su derecho a la presunción de inocencia: recordó que fue exonerado hace años y que el caso Palma Arena se concluyó hace 10 años.

No recibir instrucciones

Centró su intervención en responder al PSOE, porque el PP elogió su trayectoria y Cs y Vox se limitaron a explicar por qué no iban participar en la comisión, al entender que la elección de los candidatos no respondía a su trayectoria sino a ser amigos de alguien. Podemos recordó a Arnaldo su declaración como testigo en la Audiencia Nacional por el juicio que se celebró en Guatemala por el asesinato del jesuita español Ignacio Ellacuría, mientras que ERC y Bildu ni siquiera asistieron. El candidato aseveró que nunca había militado en un partido político ni había participado en actos electorales.

En cuanto a haber participado en cursos de Faes, dijo haberlo hecho en "más de 400 foros de debate en España e Iberoamérica". En este sentido, dijo entender la independencia como la "falta de dependencia" y aseguró no estar sujeto a ninguna, así como no haber recibido, "ni las habría tolerado", instrucciones de un partido. Por negar negó hasta tener amigos en la política, más allá de los ya fallecidos José Pedro Pérez Llorca y Gabriel Cisneros, y un diputado socialista por Ciudad Real.

El 'procés'

Cuando le llegó el turno a la siguiente candidata, Concepción Espejel, el diputado de Junts por Catalunya Josep Pagès y Masó por el Grupo Plural centró su intervención en determinar si su participación en el tribunal de la Audiencia Nacional que absolvió al 'major' Josep Lluís Trapero le haría tener que abstenerse de todos los procedimientos relativos al 'procés', pregunta que también dirigió a Ramón Sáez Valcárcel, que formó parte del mismo tribunal, aunque en el tono se notó que el primero defendió al absolución y Espejel abogó por la condena.

Espejel, que señaló que "su perfil no es político sino técnico, por llevar toda la vida dedicada a los tribunales y sin tener afinidad política", trató de explicar las diferencias existentes entre el ámbito penal y la protección de derechos fundamentales de la que se encarga el Constitucional.

Además, recordó que en la Audiencia Nacional fue apartada del caso Gürtel para cuidar la apariencia de imparcialidad del tribunal, ya que había sido aupada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el PP, pero no porque tuviera amistad con la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, aunque la hubiera llamado "querida Concha" al entregarle en Castilla-La Mancha la máxima condecoración judicial, la Raimunda de Peñafort.

La comparecencia de los candidatos propuestos por el PSOE, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez Valcárcel fue mucho pacífica, porque a diferencia de Elorza, la diputada del PP Isabel Borrego optó por defender la trayectoria profesional de los cuatro candidatos. Su idoneidad fue refrendada por 242 votos a favor y las 12 abstenciones del Grupo Plural.

Tras los candidatos del Constitucional comparecieron los del Tribunal de Cuentas, que negaron que el procedimiento por la acción exterior del Govern sea un "abuso de derecho", como afirmó el diputado de Junts. En palabras de la primera compareciente, Enriqueta Chicano, que repite en el órgano fiscalizador a propuesta del PSOE, nunca lo es "el control del gasto público".

"No es un abuso el control del gasto público"

La primera candidata al Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, que repetirá en el órgano fiscalizador a propuesta del PSOE, respondió al diputado de Junts per Catalunya Josep Pagès i Masó que "no es un abuso de Derecho el control del gasto público en cualquiera de sus facetas y en cualquiera de sus ámbitos territoriales". La candidata explicó al político independentista que el procedimiento abierto por la acción exterior del Govern entre 2011 y 2017 fue solicitado por las Cámaras, por lo que le gustaría que dejara de pensar que "es un abuso de Derecho", porque no lo es, aunque pueda creer que "se ha hecho mal".