La práctica desaparición de Ciudadanos y su acercamiento estratégico al PP deja únicamente al PSOE la alternativa de intentar seguir sumando con el espacio a su izquierda. Pero ese espacio está en ebullición tras la salida de Pablo Iglesias de la política. Yolanda Díaz es la señalada para amalgamarlo, pero aún le quedan varias pantallas para conseguirlo. Pedro Sánchez, un dirigente habitualmente prudente en sus declaraciones sobre la vida interna de otras formaciones, sí lanzó este lunes un mensaje: debe unirse, cohesionarse, porque la división en unas futuras elecciones, en las que el PP y Vox son competidores reales, puede ser letal para la izquierda.
El presidente, en una entrevista en 'Hoy por hoy', en la SER, en la jornada posterior al cierre de su 40º Congreso Federal, valoró tanto a Díaz como su intento de montaje de una plataforma plural que supere la marca de Unidas Podemos: "Yolanda Díaz es una muy buena ministra de mi Gobierno. Ahora, si a mí me pregunta por candidaturas, yo soy extraordinariamente respetuoso con lo que hagan otras formaciones políticas, en este caso Unidas Podemos. Lo que sí que creo es que sería importante que se diera ese proceso de unión en ese espacio a la izquierda del PSOE porque al final el sistema electoral en nuestro país penaliza la división". Las cuentas son fáciles: si la izquierda se fractura en tres, con dos candidaturas a la izquierda de los socialistas, puede verse vencido por la derecha, que se concentrará en dos marcas y es más competitiva, especialmente en las circunscripciones que reparten pocos escaños, que son la inmensa mayoría.
"Necesitamos a todo el espacio progresista en plena forma —apremió—. No aspiro solamente a ganar las elecciones, sino a que tengamos una mayor representación parlamentaria, porque así podremos hacer cambios mucho más rápidos y más profundos en el orden político, social y económico de nuestro país”.
Sánchez fue preguntado por la Monarquía. Ya el pasado jueves, en La Sexta, aseguró que el rey Juan Carlos debería dar "explicaciones" sobre su conducta. Este lunes, el presidente insistió en que son dos los planos. En el judicial, la investigación compete a la Fiscalía y los tribunales "decidirán qué devenir tiene", y ahí no puede pronunciarse. Y en el político, defiende que se juzgue a "personas, no instituciones". Entiende que ese es el problema, porque hay grupos parlamentarios que "quieren abrir un debate sobre la institución, sobre la Monarquía parlamentaria", y él, en todas sus declaraciones, y también en el congreso del PSOE, ha subrayado que su partido está "comprometido con la Constitución, del primero al último de sus artículos, con todas las instituciones y con la Monarquía", de modo que esas discusiones "no las va a secundar el PSOE".
Es decir, que los socialistas no apoyarán en ningún caso una comisión de investigación parlamentaria sobre la Corona. Sí insistió Sánchez en que Juan Carlos I ha de dar "todas las explicaciones que tiene la ciudadanía en mente", como las "razones" que le llevaron a "vivir fuera de España". Reiteró que la decisión de si ha de retornar al país no le "corresponde" como presidente. No obstante, fuentes del Ejecutivo admiten que no gusta en absoluto ese escenario de regreso del emérito.
Sin plazos ni concreciones
El presidente asumió indirectamente que los escándalos que acechan al exmonarca dañan la institución. El debate sobre Juan Carlos I le causa "tristeza", dijo, porque Felipe VI está "comprometido con la ejemplaridad, la transparencia, la regeneración", es una "persona austera", un "gran Rey" en el que él se reconoce y a quien defiende, y que ejerce la titularidad de la Corona de manera "contemporánea".
El Gobierno no se plantea impulsar una ley de la Corona. Ya lo dijo hace meses. Pero sí avanzar en otra línea. Sánchez elogió a Felipe VI por haber dado "pasos inequívocos" para "actualizar y modernizar" la institución, para ofrecer más "transparencia" sobre sus cuentas. "Podemos hacer cosas en esa dirección. Hay instituciones que han señalado deficiencias, que tienen todas las instituciones, para ahondar en esa transparencia. En ese camino estamos trabajando", respondió, sin dar de nuevo plazos ni concretar qué medidas se están estudiando con la Zarzuela.
El jefe del Ejecutivo añadió que no cree que sea "necesario" que se reconozca la condición de inviolable al jefe del Estado. Esa figura "es producto de otra época", hija de su historia, de la Transición, y es "legítima", pero no es propia de una etapa democrática "consolidada".
Lo que ocurre, constató, es que no hay mayoría para sacar adelante esa reforma constitucional, dado que el PP se niega a tocar una coma del texto de 1978: "Dos no bailan si uno no quiere". En ese sentido, recordó que los populares incluso se niegan a eliminar la palabra "disminuidos" del artículo 49 de la Constitución, para reemplazarlo por la expresión "personas con discapacidad". "Estoy convencido de que el eco de esta entrevista será poco menos que el PSOE y el sanchismo vuelven a poner en cuestión la Monarquía parlamentaria, cuando he hecho lo contrario", dijo, poniéndose la venda antes de la herida.
El 40º Congreso ha alumbrado una nueva área, la de Reforma Constitucional y Nuevos Derechos, que ha asumido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El presidente indicó en la SER que le gustarían cambios en la Carta Magna, aunque necesitará forzosamente: "Vamos a hacer un esfuerzo de pedagogía y de persuasión política. Vamos a ver si podemos cambiar de una vez por todas la Constitución [...]. Queremos abrir un debate de actualización de la Constitución", porque entiende que hay "nuevos derechos que hay que incorporar". Así, cree que hay que "reforzar" el derecho a la salud, la igualdad entre hombres y mujeres o introducir la pata verde, el ecologismo.
¿Y para hacer de España un Estado federal? "El federalismo siempre se ha considerado en España el autonomismo", y él es un "fiel defensor" de ese Estado autonómico, que ha probado su fortaleza con la vacunación. Ahora toda "ahondar y perfeccionarlo", porque la profundización de la democracia y la descentralización y el reconocimiento de la diversidad territorial han ido "de la mano".
No se cambiará la fórmula para el CGPJ
Entonces subrayó que ha abierto un debate "honesto" y "leal", como la descentralización de instituciones. Y en el que va a perseverar. "La orden que he dado a todos los ministros es que, cuando se cree una nueva institución, busquemos una ubicación fuera de Madrid, y eso nada tiene que ver con que estemos agrediendo supuestamente a Madrid, sino todo lo contrario. Queremos reforzar el Estado y eso signifique que esté presente en todos y cada uno de los territorios del país", explicó. Sánchez recordó que ya hay sedes que se han llevado fuera de la capital, como centros de capacitación digital de Renfe o el centro de datos de la Seguridad Social que se llevará a Soria, y también que no todas las instituciones comunitarias están en Bruselas.
Esa desconcentración también cobra sentido, a su juicio, con organismos como el Instituto Oceanográfico, que considera que no tiene mucho sentido que esté en Madrid. Lamentó que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tome este debate como un "ataque" y que denuncie que la comunidad está siendo discriminada en los Presupuestos de 2022. Sánchez defendió que no es así, porque no solo hay que tener en cuenta la inversión territorializada, sino los recursos que se destinan en políticas sociales que, obviamente, también recalan en Madrid.
El líder socialista añadió que le gustaría llegar a un acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial y que se abriera una nueva etapa en la relación de los dos grandes partidos. De nuevo, indicó que los socialistas no quieren un cambio en la fórmula de elección de los vocales del turno judicial. Se trata de una "excusa" que utiliza el PP, como antes alegaba que no pactaría mientras estuviera Unidas Podemos en el Gobierno. No se opone a que se abran debates en el Parlamento, pero reclamó a Pablo Casado que asuma que no tiene mayoría en las Cortes para forzar ese cambio, que no ganó las elecciones y que por tanto proceda al desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces.
Sánchez se comprometió en la clausura del 40º Congreso del PSOE a "poner punto final" a la reforma laboral del PP y a la ley mordaza. Respecto a la primera, cree que han de resolverse los problemas "endémicos" del mercado de trabajo, como la precariedad, la temporalidad, la alta tasa de paro juvenil, el desacople en la formación, las políticas activas de empleo, la necesaria reducción del número de contratos, la conversión de la fórmula de los ertes en "estructural", abordar la subcontratación e impulsar un plan de empleo juvenil. El fin de la ley de Seguridad Ciudadana del PP es un "compromiso de investidura", que sigue "pendiente". Y con relación a la abolición de la prostitución, confió en poder contar con el apoyo de Unidas Podemos tras haber hablado con la ministra de Igualdad, Irene Montero, que tiene "empatía" por la causa de la erradicación de la "esclavitud" de las mujeres. Ella sí es abolicionista, pero no hay una posición unánime en todo el espacio morado.
