El Consejo de Ministros aprobará mañana el real decreto que flexibiliza y facilita los permisos de residencia y trabajo a los jóvenes inmigrantes que fueron en su día menores tutelados y que al cumplir 18 años se encontraban con requisitos muy difíciles de cumplir para obtener su regularización, según fuentes del Gobierno.
Con esta reforma del reglamento de Extranjería, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aprueba la medida estrella de su Ministerio en lo que va de legislatura y lo hace ganando el pulso al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuyo Gabinete se había opuesto a la reforma.
El real decreto, de hecho, se esperaba aprobar este mismo verano, pero se había mantenido en stand-by después de una tensa reunión en agosto entre los secretarios de Estado de Migraciones y de Interior. Desde el Ministerio de Marlaska, según fuentes conocedoras del encuentro, se consideraba que la nueva normativa podría suponer un "efecto llamada". Finalmente, tras el verano, el proyecto volvió a coger forma hasta su aprobación definitiva este martes.
La medida beneficiará a cerca de 16.000 inmigrantes, según cálculos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La mitad de ellos tienen entre los 18 y 23 años y entraron irregularmente en España cuando eran menores. Tras ser acogidos por las comunidades autónomas y formados con dinero público, se encontraban al cumplir 18 años en una suerte de limbo legal, ya que dejaban de ser acogidos y tampoco podían trabajar al no tener los permisos.
Demanda de mano de obra
Con la reforma se facilitará que lo hagan ellos y los otros 8.000 que se encuentran en la actualidad en centros de acogida cuando cumplan los 18 años. Y lo hará en un momento en que desde diferentes sectores, como la construcción, el transporte o la agricultura, demandan urgentemente mano de obra.
El nuevo reglamento, adelantado en su día por eldiario.es, rebaja los requisitos para la obtención de residencia, disminuye las exigencias económicas para conseguirla y aumenta el periodo de vigencia de los permisos de residencia. Además, permite obtener la autorización de residencia y trabajo a partir de los 16 años.
Ahora mismo, para conseguir renovar la autorización del permiso de residencia -al salir del centro de acogida se les da una tarjeta de un año que no les permitía trabajar- se exigía a los ex tutelados unos requisitos económicos equivalentes al 400% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que supone más de 2.000 euros, y un contrato de un año de trabajo a jornada completa.
"Es que los requisitos que hay en la actualidad son imposibles de cumplir. ¿Cómo van a conseguir un año de contrato con la situación de pandemia que tenemos si todo es temporal?", denuncia Michel Bustillo, delegado de la ONG andaluza Voluntarios por Otro Mundo, que trabaja desde hace años con inmigrantes en situación de acogida.
"El nuevo reglamento es una herramienta fundamental y clave para poderles insertar. Va a evitar que estos chavales estén abandonados a su suerte, en la calle, porque van a tener un instrumento que van a poder usar, que es el trabajo", razona.
La aprobación del decreto ley supone de hecho un gran triunfo para el tercer sector y el tejido asociativo, que llevaba años pidiendo solucionar este "sinsentido". Más de 290 entidades, entre ellas Fundación Raíces, Red Acoge, Voluntarios por Otro Mundo, la Coordinadora de Barrios de Madrid o Oxfam Intermón, respaldaban este cambio de reglamento y participaron en el periodo de consultas abierto por el Ministerio para mejorarlo.
Desde Voluntarios por el Mundo recuerdan que el año pasado un decreto excepcional de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Agricultura, Pesca y Alimentación permitió a jóvenes tutelados con tarjetas no lucrativas trabajar en el campo durante la época de la cosecha en Andalucía. "Este, que era un proyecto piloto, funcionó. Según datos del Gobierno, un 70% de ellos siguen trabajando un año después", apunta Bustillo.
800 horas en cursos
Según Bustillo, el nuevo reglamento abre una ventana de oportunidad imprescindible para que estos jóvenes tengan un futuro. Para Hamza Gouri, por ejemplo, un joven de 19 años nacido en Nador (Marruecos), que entró por Melilla hace tres años y estuvo en el Centro de Menores de la Purísima de la ciudad autónoma hasta que cumplió la mayoría de edad.
Entonces comenzó una peregrinación por Málaga, Barcelona, Albacete y finalmente Jerez, siempre trabajando de forma irregular. "Ahora tenía la tarjeta de permiso de residencia, que, además, decía claramente que no estaba autorizado a trabajar, caducada".
"Y claro", prosigue el responsable de Voluntarios por el Mundo, "ahora no podía hacer nada, ni podía sacar la demanda de empleo, ni participar en los cursos de formación ocupacional cuando ha hecho 800 horas en cursos de distinto tipo, de mantenimiento de edificios, de animación turística, de hostelería...".
Con este nuevo reglamento su situación cambiará. "Es que es algo bueno para la economía del país. Me estaban llamando de Huelva esta misma semana para la recogida de frutos rojos pidiendo a 25 personas, y no podía mandarles allí nadie porque tenían las tarjetas caducadas".
