La 'Ley Mordaza' se ha puesto en el punto de mira del Gobierno de coalición. El coportavoz de PodemosPablo Fernández, ha asegurado este lunes que ya tienen un acuerdo con el PSOE sobre los términos concretos en los que se debe llevar a cabo la derogación de la última reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y ha pedido a sus socios en el Ejecutivo que lo lleven a cabo de "manera inmediata". Las palabras del dirigente morado se han producido después de que Pedro Sánchez anunciase en el 40º Congreso de los socialistas que pondrán "punto final" a la norma.

Casi dos años después de que el Gobierno de coalición echara a andar, y con una pandemia mundial de por medio, socialistas y morados parecen dispuestos a recuperar su compromiso de derogar la conocida como 'Ley Mordaza'. Fernández ha explicado que ya están acordados los artículos que deberán reformarse y que, por tanto, no comprende las "resistencias" que llevan esgrimiendo varios meses sus socios.

El coportavoz de Podemos ha recordado que el acuerdo que alcanzaron Sánchez y Pablo Iglesias recogía el compromiso de promulgar una nueva norma "a la mayor brevedad" que garantizara "el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica". "Urge proteger la libertades públicas para garantizar una sociedad más libre y democrática", ha recalcado Fernández, antes de pedir al PSOE que pase "de las palabras a los hechos".

Exigencias moradas

Socialistas y morados no han hecho público todavía cuáles son los aspectos en los que han alcanzado un acuerdo. No obstante, fuentes de Unidas Podemos recalcan que en la nueva norma "la dignidad de la persona y que los derechos humanos deben ser la guía de la intervención policial". Así, detallan que la identificación y el registro corporal han de acotarse "estrictamente a indicios concretos y comprobables" y que en caso de ser necesaria una identificación en comisaría no se podrá retener a una persona más de dos horas.

Unidas Podemos, además, plantea una revisión "en profundidad" de las infracciones que se recogen en la 'Ley Mordaza' de manera que se respete el derecho de manifestación y de la libertad de expresión. Por otro lado, quieren ajustas las cuantías de las sanciones económicas -las muy graves pueden llegar a los 600.000 euros-. Por último, ponen el foco en el derecho fundamental a la reunión pacífica que, en su opinión, debería quedar blindado incluso en aquellos supuestos en los que no exista una comunicación previa mientras se realice de forma pacífica.