El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido no prohibir la marcha convocada el próximo sábado en el municipio de Arrasate-Mondragón a favor del preso de ETA Unai Henri Parot y se ha limitado a pedir a las fuerzas de seguridad del Estado que procedan al seguimiento y control del acto y adopten las medidas que sean necesarias para evitar que en el curso del mismo se realicen actos de enaltecimiento o justificación de delitos terroristas o de quienes hayan participado en su ejecución, así como actos de desprecio o humillación de las víctimas del terrorismo o sus familiares.

La decisión del magistrado, que cuenta con el apoyo del ministerio fiscal, es la que últimamente se estaba produciendo en la Audiencia Nacional ante actos semejantes, aunque la línea entre una manifestación y un homenaje es tenue. En su resolución el juez señala que en este momento, sin la celebración del acto en sí, no existen datos y elementos necesarios para determinar si podrían llegar a producirse hechos constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Diferentes jurisdicciones

El magistrado recaba la doctrina sobre el contenido de los límites del derecho de reunión, así como la vinculación de la libertad de expresión con la de reunión, y explica que “es a la autoridad gubernativa a quien corresponde velar por el cumplimiento de los requisitos constitucionales en el ejercicio del derecho de reunión y de manifestación, pues es a ella a quien está encomendado el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la prevención de la comisión de actos delictivos y sus decisiones sobre el particular son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

 A la jurisdicción penal, apunta, compete sólo la persecución y castigo de los hechos ilícitos penales una vez que estos se han producido; actúa ex post, no ex ante, pues carece de competencias preventivas. “Es decir, no puede actuarse el Derecho penal con carácter preventivo pues tal proceder implica asociar consecuencias jurídicas limitativas de derechos o imponer directa o indirectamente sanciones sobre la base de meras hipótesis sobre la futura e incierta comisión de delitos”, añade.