El excomisario José Manuel Villarejo ha aprovechado su presencia en la Audiencia Nacional para dirigirse a través de los medios al juez Manuel García-Castellón, que le investiga en una treintena de causas, entre ellas la operación Kitchen, para reclamarle que le dé una importancia similar a "las 100 grabaciones" que dice tener sobre la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal que a otras grabaciones, con las que se abrieron distintas piezas en su contra.

Pese a lo extraño que resulta que un imputado coincida con la Fiscalía, Villarejo ha señalado que el cierre de la Kitchen por el juez García-Castellón, en el que centra las pesquisas en el Ministerio del Interior y deja fuera al PP, "es una contradicción tremenda". Pero también con el magistrado cuando en su auto advertía del riesgo de que fuera "una causa general y prospectiva", en la que "las grabaciones que se aportan son de origen desconocido". Y en esta línea reclamó que "las 100 grabaciones que hay sobre la señora Cospedal sean igual de irrelevantes que el resto" por las que sí le acusan.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones que ejercen Podemos y PSOE, así como las defensas han recurrido el auto en el que el magistrado da por concluida la instrucción. El ministerio público, entre otras cuestiones, reclama el informe policial sobre los teléfonos que Villarejo dijo haber utilizado para informar al expresidente Mariano Rajoy de la evolución de la Kitchen. Y Villarejo ha aprovechado este punto para felicitarse porque Anticorrupción le crea. "Ese teléfono era el que utilizaba el señor presidente del Gobierno", ha afirmado, añadiendo que incluso en una ocasión el entonces mandatario le felicitó a través de Cospedal "un instante" para darle las gracias por la 'Operación Cataluña', en la que dijo haber participado "por el bien superior de España", informa Europa Press.

Contaminación de la macrocausa

Además, en un escrito de 106 páginas, el excomisario jubilado pide al juez que declare nula la pieza separada número 28 de caso Tándem, en la que está imputada su mujer, Gema Alcalá, por presuntamente tratar de vender información en poder del primero a través de presos. Sostiene que partió de una denuncia falsa y estaría plagada de ilegalidades, como hacer que un detective le hubiera investigado estando ya preso, lo que, en su opinión, podría acabar contaminando toda la macrocausa.

Villarejo acusa al dueño de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco, de estar "a sueldo del clan Pujol" y formular sendas denuncias falsas en junio de 2020 que desencadenaron la apertura de esa pieza y de la inmediatamente inferior, en la que se investiga si el expolicía fabricó pruebas para forzar el registro de dicha agencia en 2013 y apoderarse así de la información sensible que tenía.

Por otra parte, la representación de la dermatóloga Elisa Pinto pide seis años de prisión para Villarejo y el empresario Javier López Madrid por hostigarla. En su escrito de acusación, al que tuvo acceso Efe, acusa a este último de contratar al primero para actuar contra la doctora, por lo que esta acusa al empresario de un delito de cohecho activo y a Villarejo de cohecho pasivo. Para el exsocio de expolicía, Rafael Redondo, pide dos años de prisión como cómplice del delito. Esta pieza que también se sigue en la Audiencia Nacional es independiente de la seguida en los juzgados de Plaza de Castilla por el apuñalamiento del que la mujer fue víctima.