Veinte minutos. Ese es el tiempo que estuvo este miércoles el expresidente del Parlament y ‘conseller’ de Empresa, Roger Torrent, declarando en el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) por la querella de la fiscalía presentada contra el por presunta desobediencia al haber permitido tramitar de mociones vinculadas al ‘procés’ y a la reprobación de la monarquía, en contra de las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC). El dirigente de ERC sostuvo que actuó correctamente en defensa de “la libertad de expresión e ideológica de los diputados”, a la vez que advirtió que una eventual sentencia condenatoria sería un “precedente nefasto” para el debate parlamentario. E insistió en la "neutralidad política" de la Mesa del Parlament a la hora de tirar adelante cualquier iniciativa de los grupos políticos.

El exvicepresidente de la Mesa del Parlament Josep Costa (JxCat), que también estaba citado, no acudió a declarar en el alto tribunal catalán porque, según anunció el Twitter horas antes, no "reconoce" su "autoridad" para "juzgar los acuerdos y debates" de la cámara. "No estoy dispuesto a establecer una mesa de diálogo con jueces y fiscales represores que no tienen nociones básicas de lo que es la separación de poderes", señaló. Ni la fiscalía, ni la acusación popular solicitaron ninguna medida por esta incomparecencia.

Torret, igual que hizo en su día su predecesora, Carme Forcadell, condenada por el Tribunal Supremo por el 'procés', esgrimió la “inviolabilidad parlamentaria” y recalcó que en la Cámara catalana debe poderse debatir sobre todo y, en concreto, sobre el derecho de autodeterminación y la Monarquía. “La Mesa del Parlament ha de velar por la defensa de la libertad de expresión e ideológica de los diputados”, explicó el ‘conseller’.

A su entender, vetar determinadas cuestiones, como la reprobación de la Monarquía, coarta el debate del Parlament. “La función de la Mesa es garantizar que se puede hablar de todo, sin ningún tipo de censura y coacciones", subrayó. “Este es un proceso injusto que no debía haberse producido”, insistió. Torrent solo respondió a las preguntas de su abogado defensor y rechazó contestar, incluso, a la jueza del TSJC Maria Eugènia Alegret, instructora de la causa.

En su interrogatorio, el político aludió a que el secretario del Parlament les advirtió de que las resoluciones del Tribunal Constitucional eran “dudosas”, "ambiguas" y “no del todo claras”, no aconsejando la paralización de las mociones, según las fuentes jurídicas consultadas por El Periódico de Cataluña, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica. La paralización del debate, argumentó, seria “desproporcionado”. “El Estado no puede amenazar el debate parlamentario”, insistieron en su entorno.

Este miércoles también declararon ante el TSJC como imputados los otros exmiembros de la Mesa del Parlament. Adriana Delgado, de ERC, afirmó tras su interrogatorio que “la Mesa no puede ser un órgano de censura”. Eusebi Campdepadrós defendió también ante la jueza su actuación y explicó que las dos mociones debatidas eran "meramente declarativas y no tenían ninguna consecuencia jurídica".

Admisión a trámite

El TSJC admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía Superior de Cataluña en marzo del 2020, al estimar que los hechos que detalla la acusación pública presentaban "a priori una apariencia delictiva", si bien advertía de que, con su resolución, no asumía ni daba por supuestas "en absoluto" sus valoraciones.

Antes de la interposición de la querella, el TC acordó por unanimidad requerir a la fiscalía que estudiara si Torrent y sus compañeros de la Mesa habían cometido un delito de desobediencia por admitir la tramitación en el Parlament de dos resoluciones, en octubre de 2019, en las que se reivindicaba el derecho a la autodeterminación y se reprobaba al Rey. Ambos textos fueron recurridos por el Gobierno.

Advertencia expresa a la Mesa

El TC consideró entonces que estas resoluciones de la Cámara catalana atentaban contra la sentencia del 2 de diciembre de 2015 que anulaba y dejaba sin efecto la declaración del 9 de noviembre anterior en la que el Parlament proclamó el inicio del 'procés', a la vez que advirtió a la Mesa de que debía abstenerse de realizar cualquier actuación referente a estas mociones en los apartados anulados.

Según la fiscalía, el 22 de octubre de 2019, los grupos parlamentarios de JxCat, ERC y CUP registraron en la Cámara catalana una propuesta de resolución en la que se volvía a reivindicar la "defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político". Su querella precisa que "pese a las expresas advertencias de la ilegalidad" realizadas por el secretario general del Parlament y la oposición de los restantes miembros de la Mesa, los investigados acordaron admitir el texto a trámite "a sabiendas de lo ordenado y apercibido" por el TC. Lo mismo ocurrió cuando se aceptó tramitar a otra resolución en la que se reiteraba la "reprobación de la monarquía".