El Tribunal Constitucional se prepara para pronunciarse contra el segundo estado de alarma a partir de una ponencia en la que se propone declarar su inconstitucionalidad como se hizo con el primer estado de alarma el pasado mes de julio, aunque por distintas razones. La sentencia de julio declaró inconstitucional el estado con el que el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrentó en un primer momento a la pandemia, porque la limitación de derechos que se vivió excedía su ámbito y solo podía haberse acordado con un estado de excepción. En esta ocasión, en cambio, el motivo de la inconstitucionalidad se centrará previsiblemente en la ausencia de comparecencias por el Ejecutivo para dar cuenta de su evolución.
El alto tribunal ha informado este jueves de que el asunto no será tratado en el pleno de septiembre, previsto para la próxima semana, porque en él se continuará con los recursos que quedaron pendientes en la sesión previa al descanso estival. Ello supone que la sentencia no se dictará hasta al menos hasta el mes de octubre. De hecho aún no han comenzado las deliberaciones entre los magistrados y estos ni siquiera cuentan aún con el texto íntegro de la ponencia que ha preparado el magistrado Antonio Narváez.
La resolución aún no se ha dictado, pero la previsión de que suponga un revés al Gobierno de Sánchez ha servido para que ya se hable de ella en el Congreso. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que de confirmarse la inconstitucionalidad "sólo le quedará la salida de la dimisión". Por su parte, la diputada de Vox Macarena Olona se la ha exigido ya, por su responsabilidad en el primer estado de alarma que ya fue declarado ilegal.
Por seis meses
Su contenido pasa por estimar dos de los tres argumentos en los que Vox recurría el estado de alarma que comenzó el 25 de octubre y se prolongó seis meses, sin necesidad de prórrogas quincenales, como en el primero, y sin que el presidente del Gobierno compareciera con la misma asiduidad que se produjo cada seis meses. En este punto es donde se centraría, según las fuentes consultadas, el motivo de inconstitucionalidad que fijará el alto tribunal.
El otro, según ha adelantado el 'ABC', se basaría en la limitación de derechos que realizaron las comunidades autónomas sin tener competencias para ello. En lo que no se da la razón a Vox es en que la limitación de derechos tuvo una gravedad semejante al confinamiento que se vivió durante el primero, de ahí que su establecimiento a través de un estado de alarma se entienda suficiente, a diferencia de lo que entendieron respecto al primero seis de los 11 magistrados que forman actualmente el pleno del alto tribunal.
