El fiscal Fernando Maldonado ha presentado un recurso contra la decisión del juez de Barcelona Joaquín Aguirre de ordenar a la Guardia Civil que investigue la operación de venta de gas licuado entre una empresa china y otra rusa, ya que, a su entender, tiene un “carácter prospectivo” y vulnera “los más elementales derechos y libertades en una sociedad democrática basada en la supremacía de la ley”, según el escrito al que ha tenido acceso El Periódico de Cataluña, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica. Este negocio aparece en las conversaciones que mantuvieron en 2020 el jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, Josep Maria Alay, y el empresario ruso afincado en Catalunya Alexander Dmitrenko, a quien el Gobierno le ha negado la nacionalidad por haber colaborado con los servicios de inteligencia de Rusia, acusación que él niega.
El escrito del fiscal fue presentado ocho días después de que el juez ordenara la investigación a la Guardia Civil ante los “indicios” de que esta operación pudiera ocultar “algún tipo de operación irregular” o “la financiación ilegal de un partido político”. Maldonado, en esta ocasión, ha presentado un recurso directamente ante la Audiencia de Barcelona, órgano superior al togado que instruye la causa. Sin embargo, entre la decisión del magistrado y el planteamiento del fiscal, la Guardia Civil ya entregó al juez un atestado en el que ofrece datos sobre esta operación e implica en ella a Artem Lukoyanov, el hijo adoptivo de Vladislav Surkov, el ‘cardenal gris’, un exasesor personal del presidente ruso, Vladimir Putin.
El fiscal reclama la anulación de la orden dada a la Guardia Civil y el archivo de esta parte del caso ante “falta de motivación lógica de la investigación” y “su carácter prospectivo”. Detalla que en la resolución del juez “no se indica cuáles son los posibles delitos cometidos, ni las conductas penalmente relevantes, ni su calificación jurídica”. “Afirmar que se debe investigar para averiguar si dicha operación es solo una pantalla para alguna financiación de un partido político es tanto como facultar a la autoridad a investigar cualquier hecho y cualquier persona por si ha cometido cualquier delito”, apunta el recurso.
El Tsunami y la Audiencia Nacional
No es la primera vez que el fiscal recurre una decisión del juez Aguirre o se muestra contrario a su forma de actuar tanto en la operación Voloh sobre presunta corrupción o supuesta financiación del procés como en la causa abierta por un presunto fraude en las subvenciones otorgadas por la Diputación de Barcelona a entidades de la órbita soberanista. En ese sentido, el fiscal también se ha opuesto a la inhibición a la Audiencia Nacional de la parte de la causa referente al Tsunami Democràtic por la “falta de motivación” del auto, ya que solo se indicaba los nombres de los presuntos implicados en el asunto.
La inhibición fue solicitada por la misma Audiencia Nacional, cuyo proceso judicial está secreto, y que remitió al juzgado de Barcelona un extenso informe. De ahí, según las fuentes consultadas, que el juez Aguirre no se pudiera explayar en su resolución.
