La Secretaría de Estado de Seguridad ha remitido a la Audiencia Nacional el informe que hace una semana le pidió sobre los trámites seguidos por el Ministerio del Interior para la devolución de niños migrantes marroquís que inició el pasado 10 de agosto y que se encuentra ahora parada.
En el escrito, enviado a la Sala de lo Contencioso del tribunal central a las 11:42 de este viernes y al que ha tenido acceso este periódico, Interior insiste en su argumento de que no es el ente competente para decidir las repatriaciones, sino la Ciudad Autónoma de Ceuta, a quien corresponde la tutela de los migrantes infantiles que entraron a nado en la ciudad en mayo pasado. De hecho, dice el informe, "la comunicación de 10 de agosto de 2021 no es una Instrucción".
Se refiere a la indicación a la Delegación del Gobierno en Ceuta para iniciar el proceso, que "es independiente de las actuaciones administrativas que pudieron llevarse a cabo por la Delegación del Gobierno en Ceuta o por la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta al amparo del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos" Una vez más, en su defensa el ministerio no habla de orden, sino de "comunicación" o de "ruego": "Rogaba se procediera a efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos, respetando en todo momento sus intereses y derechos".
Fiscalía avisada
Interior asegura además -como ya ha hecho al Juzgado de lo Contencioso 1 de Ceuta- que avisó a la Fiscalía del proceso que se iba a emprender.
El proceso "se puso en conocimiento de los órganos correspondientes del Ministerio Fiscal", dice el escrito, desmintiendo lo asegurado por fiscalía en las primeras horas del proceso, y antes de citar comunicaciones de las que envía copia adjunta, en las que "se informaba a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado de los listados de menores que iban a ser devueltos a Marruecos. Listados facilitados por la Delegación del Gobierno en Ceuta, según lo enviado a ellos por la Vicepresidenta 1ª del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta".
"Estas comunicaciones -asegura Rafael Pérez- tenían la finalidad de servir de posible complemento a las restantes comunicaciones que debieran realizarse a fin de asegurar el debido conocimiento por parte del Ministerio Fiscal del inicio del procedimiento de retorno de menores no acompañados no vulnerables".
"Un verdadero tratado internacional"
En su contestación a la Audiencia Nacional, el secretario de Estado, Rafael Pérez, insiste en la validez del pacto internacional de 2007, activado por primera vez en este caso. "El Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menor (...) se corresponde a un verdadero Tratado Internacional", dice el escrito de la Secretaría de Estado.
El informe insta a la desestimación del recurso de adopción de medidas cautelares presentado por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, y repite, como en una comunicación anterior, que la Audiencia Nacional no debería estar viendo el asunto, al estar este en manos de un juzgado de lo contencioso ceutí.
De haberse producido vulneraciones de los derechos de los menores, estas, cree Rafael Párez, "serán predicables de las actuaciones administrativas que pudieron llevarse a cabo por la Delegación del Gobierno en Ceuta o por la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta". Y será en esa ciudad, sostiene Interior, donde "han de plantearse las eventuales infracciones del ordenamiento jurídico" que hayan podido producirse.
