La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se ha declarado competente para resolver el recurso presentado por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra la repatriación a Marruecos de los menores no acompañados desde Ceuta, pero en el mismo auto emitido este miércoles rechaza la medida cautelarísima de suspensión que pedían los recurrentes.
La sala, presidida por el magistrado Eduardo Menéndez, dedica la primera parte del auto a contestar la tesis del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, que en un oficio de respuesta ha sostenido que la Audiencia Nacional no tiene competencia sobre el caso, por estar enjuiciándose otra medida cautelar en dos juzgados de Ceuta. "Esta Sala estima que es competente para conocer y resolver sobre la medida cautelar solicitada", dice la sala, por cuanto se evalúa "un escrito de 10 de agosto de 2021 con el membrete de la Secretaría de Estado de Seguridad" para que se ejecute el acuerdo España-Marruecos de 2007 para el "retorno concertado" de menores migrantes.
Tras declararse competente, la Sala pasa a decidir sobre la medida cautelar de suspensión de las repatriaciones, y no la concede, pero en su deliberación no se ahorra críticas a la forma con que Interior ha gestionado las devoluciones.
La orden de Interior -para el ministerio "ruego" y no orden- "presenta defectos formales, como la falta de firma o de destinatario, así como su escueta fundamentación" dice el auto. Los magistrados autores del fallo -Fernando de Mateo y Francisco Gerardo Martínez además del presidente de la sala- hacen un recordatorio desfavorable para Interior: que las leyes españolas obligan a que el Estado pida "informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen con carácter previo a la decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su repatriación".
Conforme con ese mandato, y a otros contenidos en la legislación, "cabrá, en su caso, apreciar si existen las vulneraciones de derechos fundamentales denunciadas, e impugnar, planteando las solicitudes cautelares que se consideren oportunas, bien su resolución, bien la actividad material realizada por la Administración", dice el auto de la Audiencia Nacional.
Los magistrados firmantes admiten razones de urgencia para resolver, pues las salidas de los niños de Ceuta se estaban produciendo estos días, pero rechazan acceder al recurso presentado porque corresponderá "a los órganos de esta Jurisdicción -la Contencioso-Administrativa- que sean competentes que ya tienen conocimiento de alguno de estos recursos", dice en alusión al Juzgado de lo Contencioso 1 de Ceuta. "En esta primera aproximación cautelar no se deducen las violaciones de derechos denunciadas", concluye la Sala.
La resolución de la Audiencia Nacional se produce horas después de recibir el escrito de respuesta del Ministerio del Interior, al que la sala había dado 24 horas de plazo. En ese escrito sostiene el ministerio de Fernando Grande-Marlaska que "no existe acto o instrucción del Ministerio del Interior que pueda ser recurrido", y que el ministerio actuó a petición del Gobierno de Ceuta.
La Audiencia Nacional había pedido al ministerio que le aportara el escrito del pasado 10 de agosto con la orden a la Delegación del Gobierno en Ceuta de comenzar la repatriación de menores migrantes a Marruecos. En la respuesta, firmada en la tarde de este martes por el secretario de Estado Rafael Pérez, y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Interior explica que no hay acto administrativo impugnable, que esa orden no fue tal, sino ruego del Secretario de Estado a la Delegación del Gobierno, tras haber pedido el Gobierno de Ceuta que se activara el pacto internacional con Marruecos.
"Como consecuencia de las entradas de personas procedentes de Marruecos que se produjeron en Ceuta los pasados 17 y 18 de mayo, incluyendo menores no acompañados, se hizo necesario implementar medidas -dice el escrito de Interior, de la misma forma que contó a la Fiscalía General del Estado- para garantizar la efectiva protección y tutela de sus derechos e intereses, así como el retorno de dichos menores a Marruecos siempre que ello sea aconsejable tras haber analizado sus circunstancias personales".
La respuesta de Rafael Pérez relata que "desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta se ha venido solicitando la aplicación del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados", que ambos países firmaron en Rabat en 2007 y que hasta ahora no había sido activado.
"En estos términos [el gobierno ceutí] dirigió su último escrito, del pasado 10 de agosto, a la Delegación del Gobierno en Ceuta, la cual -a su vez- lo remitió a esta Secretaría de Estado el mismo día", sigue contando el documento de respuesta a la Audiencia Nacional.
"En respuesta a ello, con fecha 10 de agosto se dirigió un escrito rogando se procediera a efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos, respetando en todo momento sus intereses y derechos. Todo ello con el fin último de garantizar en cada caso -dice el escrito, citando por segunda vez un tratamiento individual de los niños- las condiciones de reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a una institución de tutela".
Tras contar estos precedentes, Interior concluye: "No existe acto o instrucción del Ministerio del Interior que pueda ser recurrido ante la Sala a la que nos dirigimos. El escrito cuya copia se solicita se limita a poner de manifiesto que el Ministro del Interior ruega -por segunda vez utiliza el verbo 'rogar'- se proceda al retorno de los menores". O sea, dice la respuesta a la Audiencia Nacional, "al no existir actividad administrativa impugnable por parte del Ministerio del Interior" el recurso que movió a la Sala a requerir documentación al Gobierno debe ser inadmitido.
Una medida cautelar de la Audiencia Nacional "carece de sentido y eficacia", dice Interior. El secretario de Estado entiende en su respuesta que "el acuerdo por el que ordena el retorno de los menores no ha sido dictado por el Ministerio" y recuerda a la Audiencia que "los acuerdos de retorno de los menores están siendo enjuiciados por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ceuta" .
Vivas "espera" que Marlaska no le deje toda la culpa
No describe de la misma manera la situación el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que este miércoles, entrevistado por la COPE, ha mostrado su "respaldo" a la "actuación llevada a cabo por el Ministerio del Interior". Si bien ha afinado que las repatriaciones son cosa de los dos: "Hemos actuado conjuntamente y de manera coordinada con Interior para activar un instrumento legal",. Se refería al acuerdo España/Marruecos, que se ha activado por primera vez en este caso y que está "plenamente vigente".
El Gobierno de Ceuta se sentará con Interior a buscar otras vías de solución a su problema con los niños migrantes si la justicia interrumpe definitivamente las repatriaciones emprendidas el pasado viernes, ha afirmado el presidente de la ciudad.
Vivas ha calificado de "problema de Estado" el suscitado con los menores marroquíes y ha asegurado que Interior -ministerio de un gobierno de izquierda- y Ceuta -presidida por el PP- trabajan "con lealtad institucional". Sobre la posibilidad de que Interior deje sobre Ceuta toda la responsabilidad de lo ocurrido, ha dicho: "Espero que eso no ocurra", y ha asegurado que habla a menudo con el ministro Grande-Marlaska.
De la misma manera que hizo el martes, este miércoles Vivas ha vuelto a insistir en que es dañino para los menores alojados en Ceuta seguir viviendo en albergues "provisionales", y que "nadie puede dar a Ceuta lecciones de solidaridad".
Y nuevamente Vivas ha sugerido que no existe el informe individual de cada niño que exige la justicia. "Estos menores no han estado desasistidos, han tenido un equipo multidisciplinar que ha detectado si hay un caso de vulnerabilidad que impida entregarlos a su familia, y cuando se ha detectado algún caso ha sido objeto de un tratamiento específico", ha dicho cuando se le ha preguntado por los informes.
