El Gobierno canario no descarta obligar a vacunarse a los empleados públicos de servicios esenciales que rechacen ser inoculados frente a la covid-19, siempre que la ley lo permita, al estimar que "el negacionismo es injusto y un peligro para la colectividad".
Así lo ha aseverado este lunes el presidente canario, Ángel Víctor Torres, al ser preguntado en rueda de prensa por la posición del Ejecutivo respecto al 1% de la población diana de las islas que no se ha vacunado, un colectivo que, en cualquier caso, es complejo de cifrar porque a lo largo de la campaña se va constatando "cómo personas mayores que no se habían animado, sin rechazarlo, se están vacunando ahora".
Así hicieron este fin de semana algunos mayores de 60 años que acudieron al llamamiento sin cita que se hizo a los de más de 16 años, según han precisado a Efe fuentes de la Consejería regional de Sanidad.
"No puede obligarse a la ciudadanía a la vacunación, distinto son los funcionarios de distintos cuerpos", ha dicho Torres, y ha explicado que su Gobierno está estudiando esa posibilidad "porque la mayoría no puede pagar la inconsciencia de quien, apelando a su libertad individual, no lo quiera hacer", recordando las medidas anunciadas por el presidente francés, Emmanuel Macron, contra los negacionistas.
El presidente canario ha destacado también que el pasado jueves, después de que el Gobierno de Canarias actualizara los niveles de alerta covid del archipiélago, cerca de 70.000 personas se descargaron el certificado verde de vacunación, un documento que "obliga a estar vacunado para acceder a determinados espacios que entrañan riesgo".
Ha confiado en que las limitaciones para acceder a establecimientos hosteleros y al interior de otros espacios impuestas por el Gobierno canario a las personas que no presenten su pasaporte covid no se traduzcan en denuncias, sino que "impere el sentido común" porque se han aprobado con el único objetivo de tratar de frenar la propagación de la pandemia.
De igual forma, Torres ha confiado en que el Tribunal Supremo tenga en cuenta en su pronunciamiento esta semana el informe de su Fiscalía que, a su juicio, "avala el toque de queda" que la Administración canaria pretende aplicar en los municipios donde los contagios se han desatado en esta quinta ola de la pandemia.
