Falta todavía más de un mes, pero al menos ya hay una fecha, algo que se puede considerar como un mínimo acercamiento entre el Gobierno y el PP. Ambas partes han quedado en verse en septiembre para retomar la negociación de las instituciones caducadas, entre otras el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Defensor del Pueblo y, desde este viernes también, el Tribunal de Cuentas.

El ministro de la Presidencia, Memoria Democrática y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha realizado este jueves una ronda de llamadas con los portavoces de los grupos parlamentarios para presentarse y en la conversación con la representante del PP, Cuca Gamarra, que ha durado unos 10 minutos, según los conservadores, ambos se han emplazado a una reunión presencial cuando se inicie el periodo ordinario de sesiones plenarias. Fuentes de sus respectivos equipos no han querido dar demasiados detalles de la conversación y la han enmarcado en un gesto protocolario ya que Bolaños asumió el ministerio hace apenas dos semanas.

El nuevo interlocutor confiaba en poder cerrar la tarde con todos los portavoces esta misma tarde aunque hay algunos que no querían hablar con él. Es el caso de Vox, que ha anunciado en el Congreso que no participará en el "circo mediático" de Bolaños. "Vox no ha atendido ni atenderá esa llamada", han advertido fuentes del partido, que han indicado que la interlocución con el Gobierno de Pedro Sánchez seguirá siendo la tribuna del Congreso desde donde seguirá exigiendo al Ejecutivo su dimisión y la convocatoria de elecciones. Los contactos se han iniciado con los grupos de mayor a menor, con la excepción de los del PSOE y Unidas Podemos, que sustentan al Gobierno, que serán los que cierren la ronda.

La renovación de los órganos constitucionales es una tarea que PSOE y PP tienen pendiente y que solo ellos pueden solucionar, ya que se necesitan 210 diputados para poder llevarlas a cabo. La nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, también está entrevistándose estos días con las asociaciones de jueces a modo de toma de contacto. El CGPJ está en funciones desde 2018 y el PP presiona para reformar la ley y que la mitad de los 20 vocales sean elegidos directamente por los propios jueces.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe presiones de Unidas Podemos para que cambie la ley, pero para que el PP deje de ser necesario y se pueda renovar sin su concurso. La propuesta de los morados consiste en suprimir la mayoría de tres quintos (210 diputados) que exige la norma actual para elegir a los vocales. El jefe del Ejecutivo la ha rechazado y ha pedido a Pablo Casado en numerosas ocasiones que se siente y cierre el acuerdo que, en varios momentos, parecía logrado.