El macrobrote de Mallorca y la gestión realizada del mismo por el Gobierno balear han desencadenado una batalla jurídica encabezada por los padres de los estudiantes retenidos que tras un fin de semana de incertidumbre y desinformación, han decidido recurrir a la justicia para defender los derechos de sus hijos, que consideran están siendo pisoteados. Si el lunes era un grupo de padres del IES Góngora de Córdoba los que presentaban una denuncia contra la directora general de Salud Pública de Baleares por retención ilegal, el martes se produjo un aluvión de solicitudes de habeas corpus (procedimiento previsto para reclamar que un juez verifique la legalidad de un arresto) en los juzgados de Mallorca de padres de distintos puntos de España, también de la provincia, exigiendo que los jóvenes que han dado negativo en los test, muchos de ellos menores, salgan del hotel Palma Bellver, donde permanecen desde el pasado viernes pasado.

Estas peticiones llegaron después de conocerse la negativa de una jueza de guardia de Palma a conceder el habeas corpus a tres estudiantes en circunstancias similares, al considerar que solo es aplicable cuando la detención se debe a la comisión presunta de un delito y no a razones de salud pública como esta. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares informaban poco después de la presentación de unas 200 solicitudes más.

El Gobierno balear presentó este lunes ante el juzgado de Palma una resolución para que el juez ratificara la decisión de mantener a los estudiantes recluidos acogiéndose a la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, una medida a la que se opone la Fiscalía, al entender que la resolución solo considera sospechosos a los jóvenes de forma "presuntiva e indeterminada" frente a otros clientes o los trabajadores de los hoteles, de los que no se sospecha.

La fiscalía señala también que la resolución no detalla claramente a ninguna de las personas confinadas como sospechosos ni si mantuvieron contacto real con personas concretas. El informe de la Fiscalía no tiene consecuencias inmediatas, ya que aún está pendiente que se pronuncie el juez.

Fuentes jurídicas consultadas señalan que la legislación prevé que por motivos sanitarios y de urgente necesidad alguien pueda ser privado de derechos fundamentales, pero dicha medida requiere de la decisión de una autoridad administrativa, en este caso la Dirección General de Salud Pública, y de una autorización o ratificación judicial, que aún está pendiente. El juzgado, que dispone de 3 días para pronunciarse, ha solicitado más información al Govern además del informe a la Fiscalía, por lo que se espera que determine en breve si los estudiantes pueden salir o no.

Paralelamente a esta batalla, la consejera de Presidencia del Gobierno Balear, Mercedes Garrido, anunciaba otra pugna contra la promotora del concierto de reguetón celebrado el 15 de junio en la plaza de toros de Mallorca y señalado como uno de los principales focos de contagio. Pese a haber sido autorizado, Garrido calificó el evento como "un desmadre" e informó de que hay una propuesta de sanción de 200.000 euros.