El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha retirado la condición de investigados en el caso Kitchen, sobre el espionaje a Luis Bárcenas, al comisario de Policía José Francisco González García y al inspector jefe Jesús Vicente Galán Martínez, al entender que se limitaron a cumplir órdenes.

El magistrado, que este miércoles ha imputado a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal en esta causa, ha acordado en otro auto el sobreseimiento provisional para ambos policías en esta pieza derivada del caso Villarejo.

Lo ha acordado al constatar que los dos se limitaron a cumplir órdenes de sus superiores jerárquicos sin que haya quedado debidamente acreditada su participación en los hechos.

Respecto del comisario González García, el auto señala que fue jefe del Área Especial de Seguimientos de 2002 a 2015 y que en esas fechas coordinó "todos los servicios de las misma, incluido el dispositivo de vigilancia" a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, cuando su marido estaba en prisión preventiva en 2013.

Cuando declaró en febrero de 2019 como imputado explicó que ese dispositivo de vigilancia se puso en marcha por orden de uno de los principales imputados en el caso Villarejo, el comisario Enrique García Castaño, el Gordo, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO).

Relató que éste justificó el dispositivo en la existencia de una investigación sobre el dinero que el matrimonio Bárcenas habría sacado de España y para la localización de las personas que habrían colaborado con ellos para ese fin.

El operativo, según su relato, se mantuvo hasta que fueron descubiertos por Rosalía Iglesias y durante ese tiempo fue dando cuenta de todos los resultados de las vigilancias a García Castaño, "sin que éste informara sobre qué hacía con ello ni a quién más le daba cuenta", indica el auto.

"Cumplimiento de un deber"

El juez considera que el hasta ahora investigado desconocía el verdadero alcance del operativo y habría actuado en "cumplimiento de un deber, y por tanto su actuación resultaría amparada por una causa de justificación".

A similar conclusión dice el magistrado que llega con respecto al otro investigado, el inspector jefe Vicente Galán, quien ordenó a varios agentes vigilar el domicilio de la familia Bárcenas y el taller que tenía Rosalía Iglesias.

Galán, quien integraba la Unidad de Asuntos Internos cuando estaba al frente el comisario también imputado por estos hechos, Marcelino Martín Blas, señaló, cuando declaró el pasado enero, que no recordaba las vigilancias a Rosalía Iglesias.

Relató que la orden que recibió por parte de Martín Blas fue la de buscar un coche en las inmediaciones de la calle General Díaz Porlier, donde se encontraba dicho taller.

Dijo además que Martín Blas no le indicó el motivo de la vigilancia, solo que localizara el vehículo, y que los agentes cuando llegaron le avisaron de que había otros policías. "Jefe tenemos compañía", le comunicó uno de ellos, según recordó.

Acto seguido, se lo transmitió a Martín Blas y tras comprobar que procedían de la Comisaría General de Información decidieron retirar el dispositivo.

García Castellón entiende que este investigado también "se limitó a seguir las órdenes de su superior jerárquico", por lo que obró "en cumplimiento de un deber" y por tanto tampoco merece reproche penal.