La titular del Juzgado de lo Penal número 2 de León, Isabel Peña, ha decidido este lunes suspender temporalmente el juicio por la muerte de seis mineros en el accidente ocurrido el 29 de octubre de 2013 en el pozo Emilio del Valle, en Llombera de Gordón (León), hasta comprobar si los ingenieros y técnicos acusados en el proceso disponen de seguros privados que cubran su responsabilidad civil.

La magistrada no ha fijado fecha para retomar la vista oral, que dependerá del tiempo que se tarde en cumplimentar dicho trámite, si bien ha adelantado que para no retrasar demasiado el juicio, previsto en principio hasta el 19 de mayo, se podrían habilitar algunas tardes, que en principio estaban libres.

La suspensión se ha acordado, con el apoyo de la fiscalía, después de que varios abogados tanto de las acusaciones como de las defensas así lo reclamaran hasta dilucidar si los ingenieros y técnicos acusados tienen pólizas de seguros individuales que cubran su responsabilidad civil. Varios letrados han mantenido que tienen constancia de que los ingenieros superiores y técnicos acusados disponen de estos seguro y han subrayado que, si se confirma, daría un vuelco al pago de las indemnizaciones reclamadas, a las que pueden tener que hacer frente.

Así, se ha acordado pedir a los colegios oficiales superiores que identifiquen estas posibles pólizas de seguros de los encausados y dar a estas compañías la posibilidad personarse en la causa para su defensa, ya que en caso contrario podría conllevar la nulidad del juicio. Por su parte, los principales responsables de la empresa que explotaba el pozo en el que ocurrió el siniestro, la Hullera Vasco Leonesa (HVL), encabezados por su presidente, Antonio del Valle, han ratificado ante la jueza antes de la suspensión de la vista oral que carecen de seguros individuales.

En este juicio se sientan en el banquillo de los acusados 16 directivos, ingenieros y vigilantes de la Hullera Vasco Leonesa, para cada uno de los cuales la Fiscalía pide una pena de tres años y medio de cárcel por un delito de homicidio imprudente. Además la Fiscalía acusa a la propia sociedad como responsable civil subsidiaria y a la compañía aseguradora HDI como responsable civil directa y solidaria y les reclama indemnizaciones que superan los dos millones de euros. Por su parte, las acusaciones particulares elevan la petición de pena a seis años y medio, el máximo previsto en casos de homicidio imprudente, mientras que las defensas solicitan la libre absolución de los acusados.

Los familiares de los mineros muertos en el accidente se han concentrado ante las puertas del edificio de los juzgados de León, donde han depositado seis rosas rojas en memoria de las víctimas, y han expresado su confianza en que "la justicia haga su trabajo" y se depuren responsabilidades por un siniestro "que se veía venir" y "se podía haber evitado". Así lo han destacado los padres de Manuel Maure, uno de los mineros fallecidos, que han recalcado que para lograr que se celebre el juicio han tenido que "luchar contra todo". "Ahora la toca a la justicia hacer su trabajo, porque nosotros ya no podemos hacer nada más", ha señalado el padre del minero, del mismo nombre, antes de insistir en que ha sido un "gran éxito" de las familias "sentar en el banquillo a los máximos responsables de la empresa". "Verlos sentados en el banquillo es algo increíble y que nadie se esperaba", ha remarcado.

Antonia Hernández, madre de este minero, ha lamentado que el juicio haya tardado en llegar casi siete años: "La justicia es muy lenta, y hemos sufrido muchísimo y ahora esperamos que haga las cosas como las tiene que hacer, y los responsables paguen lo que tienen que pagar". "A nuestro hijo no nos lo van a devolver, pero al menos esperamos que los responsables paguen por lo que han hecho, porque este accidente se podría haber evitado", ha agregado. "Nuestro hijo nos decía que un día iba a pasar algo, porque las cosas se estaban haciendo mal y que aquello no estaba en condiciones para trabajar", ha zanjado.

El accidente se produjo por el colapso brusco y posterior hundimiento de una bóveda cargada de carbón en una zona con gas metano, que provocó una desgasificación de grisú y causó la muerte por asfixia de los seis de los trabajadores que se encontraban en esa zona del pozo Emilio del Valle. Esa fue la principal conclusión del informe elaborado por el grupo de investigación constituido por la Comisión Regional de la Minería de Castilla y León para esclarecer las causas del accidente.

Las seis víctimas del accidente fueron Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, Orlando González, José Luis Arias y Roberto Álvarez, de entre 35 y 45 años.