Euskadi contará con una ley antipandemia que aportará "plenas garantías jurídicas" a las restricciones que imponga el Gobierno Vasco para contener la expansión de la covid-19 ante la "incertidumbre" sobre la continuidad del estado de alarma y de su "paraguas" legal después del 9 de mayo.

PNV y PSE han registrado este viernes en el Parlamento la "proposición de ley de medidas para la gestión de la pandemia COVID19", que se debatirá por la vía de urgencia, con lo que los tiempos de tramitación se reducen a la mitad. Además, al tratarse de una iniciativa de los grupos parlamentarios y no del Gobierno el trámite será aún más rápido.

La norma tiene garantizada su aprobación dado que los partidos que sustentan el Gobierno -nacionalistas y socialistas- tienen mayoría en la Cámara. No obstante, Luis Javier Telleria (PNV) y Ekain Rico (PSE) han pedido su respaldo a la oposición: "En la lucha contra este virus debemos estar todos".

El objetivo es que la ley pueda estar aprobada antes de que termine el actual periodo de sesiones, cuyo último pleno está fijado para el 24 de junio.

No será una norma aplicable a cualquier epidemia, sino que "responde a necesidades imperiosas y urgentes derivadas de esta pandemia en particular".

La norma, que incluye un régimen sancionador para "garantizar el cumplimiento de las medidas" con multas entre 100 y 600.000 euros, prevé cinco niveles de alerta en función de la transmisión del virus y seis indicadores epidemiológicos como el índice R0, la presión asistencial y la ocupación de las ucis, y el impacto de la pandemia por franjas de edades.

El nivel de alerta más bajo está marcado en 60 casos de incidencia acumulada por 100.000 habitantes en 14 días. En el momento en que se baje de esa cifra las restricciones dejarían de estar en vigor. El segundo escenario va hasta los 150 casos, el tercero hasta los 300, el cuarto hasta los 500 y el quinto a partir de 500 casos, es decir, para situaciones de "transmisión muy alta".

En función de estos niveles de alerta se establecen una serie de restricciones y medidas sanitarias, algunas comunes a todas la fases como la distancia interpersonal de 1,5 metros, el lavado de manos, la ventilación, el uso de mascarilla o la obligatoriedad de guardar cuarentena en caso de contagio o de sospecha del mismo.

A partir del escenario cuarto las medidas se endurecen drásticamente y se abre la puerta a cierres perimetrales y suspender las actividades económicas no esenciales (o rebajar su aforo al 35 %), así como las culturales y las sociales.

También se estudiará la posibilidad de pasar de la educación presencial a la telemática y de prohibir toda actividad deportiva no profesional o semiprofesional, salvo prácticas individuales o de dos convivientes al aire libre.

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En el quinto y peor escenario se "valorarán nuevas y más eficaces medidas de confinamiento individuales o para colectivos específicos, previa justificación y autorización o ratificación judicial" y se adelantarán los horarios de cierre de todas las actividades comerciales y sociales, con posible cierre de las que "más incidan sobre el contacto social".

La ley señala también que el Ejecutivo deberá informar al Parlamento cada 15 días de esas medidas sanitarias y de la evolución del coronavirus. En la actualidad la consejera de Salud, Gotzone Sagardio, comparece semanalmente a petición de PNV y PSE.