La regulación de los precios del alquiler está poniendo a prueba la capacidad de negociación en el seno del Gobierno. PSOE y Unidas Podemos llevan meses enfrentados por esta medida. El propio Pablo Iglesias calificó estos roces de "batalla". Sin embargo, este viernes, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha rebajado el tono con sus socios. La dirigente morada se ha mostrado convencida de que llegarán a un acuerdo y, como viene siendo habitual en las comparecencias de todos los miembros del Ejecutivo, ha llamado a normalizar las diferencias entre ambas formaciones.

Socialistas y morados llevan meses en un tira y afloja constante para poner en marcha una medida que permita poner un tope a las subidas del precio de los alquileres en mercados tensionados. Aunque ambos partidos lo incluyeron en el acuerdo de legislatura y se reafirmaron en un nuevo pacto a mediados de octubre, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se mostró hace unos días reticente a implementar esta medida, provocando una fuerte discusión interna.

"No contemplo que pueda haber un incumplimiento del PSOE de ese acuerdo", ha sentenciado Belarra este viernes en referencia a ese pacto de legislatura. La dirigente de Unidas Podemos ha asegurado que, aunque habrá ministros socialistas que "lo van a hacer arrastrando los pies", finalmente el Gobierno será "leal" con lo que acordaron. "Tenemos que cumplir con lo que firmamos", ha sentenciado.

Pequeños pasos

Los socios de la coalición sí lograron un entendimiento el pasado jueves para incluir en la futura ley de vivienda varias iniciativas destinadas a frenar los desahucios sin alternativa habitacional. "Estamos tratando de replicar el modelo que ya se aplicó de paralización de los desahucios que había en el estado de alarma", ha explicado Belarra que ha asegurado que un posible pacto esté más cerca.

Entre las medidas que pactaron está que los juzgados tengan la obligación de solicitar un informe preceptivo en los procesos de desahucios a los servicios sociales para determinar si existe una situación de vulnerabilidad. En el caso de que fuera así, las comunidades autónomas serían las encargadas de ofrecer una alternativa digna.