El Tribunal Constitucional continúa trabajando en el asunto al que más esfuerzos ha dedicado en los últimos años, el ‘procés’, en la confianza de tener resueltos todos los recursos relativos a la sentencia del Tribunal Supremo en el primer trimestre de 2021, incluidos los que puedan presentar más dificultad, por tratarse de políticos que trataron de continuar en activo o, precisamente, por no formar parte del Govern cuando cometieron los hechos por los que se les condenó por sedición.
Esos plazos son los previstos siempre y cuando la renovación del alto tribunal no se produzca antes. Fuentes del alto tribunal señalaron a EL PERIÓDICO que el reemplazo de magistrados, que han visto prolongado su mandato al ser necesario el acuerdo al menos de PSOE y PP para su sustitución, podría producirse antes de lo previsto y ello alteraría el calendario que se han fijado los magistrados que actualmente forman parte del alto tribunal. Esa cercanía a un acuerdo entre los grupos parlamentarios dejó de parecer tan improbable después de que el Consejo General del Poder Judicial pospusiera los nombramientos que tenía previstos realizar en su último pleno.
Reestructuración
En cualquier caso, las fuentes consultadas no creen que la sustitución de un tercio de los 12 magistrados que componen el tribunal suponga un cambio de criterio de fondo a la hora de resolver los recursos en cuestión, sino que simplemente se dilatarán los tiempos por la reestructuración del tribunal que conlleva, con la elección de nuevos presidente y vicepresidente, y la modificación de la organización de las Salas y Secciones en las que se divide el alto tribunal.
Entre los que serán sustituidos en la próxima renovación no están ninguno de los dos magistrados encargados de la coordinación de los recursos: Cándido Conde-Pumpido, magistrado del Supremo y exfiscal general del Estado, y Antonio Narváez, fiscal del alto tribunal antes de incorporarse al TC. Ambos cuentan con una experiencia reconocida entre sus compañeros en derecho Penal. A sus órdenes, media docena de letrados están comisionados para encargarse de las propuestas de resolución de las impugnaciones, muchas de ellas coincidentes entre los diferentes condenados por el Supremo.
El cambio afecta al presidente, Juan José González Rivas, la vicepresidenta, Encarnación Roca, y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés, cuyo mandato acabó el pasado 6 de noviembre. Ninguno ha cumplido los nueve años que marca la Constitución en el alto tribunal, pero están afectados por la modificación introducida en el 2010 para tratar de evitar retrasos en la renovación, por la que a los recién nombrados se les descuenta el tiempo que se demoró su designación.
Todos en trámite
Pocos asuntos han suscitado tantos recursos como el ‘procés’. Y, a diferencia de los amparos por otras materias, todos se han ido admitiendo a trámite al no haber jurisprudencia constitucional al respecto y tener la suficiente relevancia. A finales de julio todos los interpuestos contra cualquiera de las decisiones judiciales adoptadas, hasta por el Congreso al suspender de funciones a los electos por la aplicación del 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal, estaban ya en estudio.
El horizonte para el que se ha preparado el alto tribunal es haber resuelto antes de Navidad los de los ‘exconsellers’ Meritxell Borràs y Carles Mundó, por ser los menos complejos al presentarse contra una condena por desobediencia. Los de los demás condenados estarán para el primer trimestre del año próximo, aunque algunos de ellos, como los de Oriol Junqueras, Raül Romeva y Carme Forcadell prácticamente estén aún en su fase inicial, al haberse tenido que rechazar previamente las recusaciones de magistrados que plantearon.
