El Congreso debatirá este martes el dictamen con las medidas aprobadas por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica para tratar de paliar los efectos derivados de la pandemia del coronavirus. Pactos de futuro, reservas estratégicas y planes de prevención, más inversión en servicios públicos y nuevas leyes que fomenten el teletrabajo y los horarios racionales son algunas de las 'recetas' acordadas con diferentes mayorías en los cuatro grupos de trabajo en que se ha dividido dicho órgano.

La comisión que ha presidido el exlehendakari Patxi López ya aprobó el pasado 3 de julio los documentos redactados por cada uno de los grupos de trabajo que integran el dictamen. Por tanto, lo que hará el Pleno será ratificar esos documentos sobre Sanidad, Políticas Sociales, Economía y Unión Europea. También se votarán las enmiendas que los grupos dejaron vivas y los votos particulares que algunos han registrado, aunque esto sucederá el miércoles.

Está por ver si Vox participará en esas votaciones, habida cuenta de que se apeó de la comisión justo antes de que los grupos de trabajo aprobaran sus respectivas conclusiones alegando que no quería contribuir a "blanquear" la "nefasta" gestión que, a su juicio, ha hecho el Gobierno de la pandemia.

SIN EL PP

El PSOE logró algunos pactos para aprobar las conclusiones de la comisión pero no consiguió sumar al PP a ninguno de los documentos. Tres fueron respaldados por Ciudadanos, su principal aliado, además de Unidas Podemos, pero la coalición gubernamental perdió por el camino alguno de los apoyos, como el de ERC y el de EH Bildu en determinados textos.

Pese a que negoció varios días con los socialistas, el PP acabó absteniéndose en los documentos sanitario y europeo y rechazó los relativos a las conclusiones económicas y sociales. En las últimos días se han mantenido algunos contactos, pero, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, éstos no han dado frutos.

EL ESCOLLO DE LA CONCERTADA

De su lado, en la comisión Cs respaldó todos los bloques de conclusiones salvo el relativo a las Políticas Sociales por la negativa del Ejecutivo a ampliar la educación concertada y a la especial las ayudas que prevé para la pública. De hecho, los naranjas han condicionado su apoyo a este texto en el Pleno a que se apruebe el voto particular que han registrado en la Cámara sobre este tema. Cs se ha reunido en las últimas semanas con representantes de estos modelos educativos, a los que ha mostrado su optimismo hacia un cambio de postura en el Gobierno. Sin embargo, tanto PSOE como Unidas Podemos han explicado que no contemplan cambiar este punto del documento social.

De su lado, ERC, que en la primera votación sí apoyó el texto sobre Política Social, en la comisión optó por la abstención. Los independentistas votaron en contra de los bloques económico y sanitario y se abstuvieron en el europeo, el único que apoyaron el PNV y Junts.

Bildu, por su parte, que sí había avalado con su voto el documento de la UE, terminó por rechazar todas las conclusiones principalmente tras la negativa del PSOE a derogar la reforma laboral, a la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se llegó a comprometer semanas antes.

SUPERÁVIT MUNICIPAL Y REFORMA LABORAL

Cuando se votó el bloque de conclusiones económicas, el PSOE se quedó solo al exigir toda la oposición, además de Unidas Podemos, la liberación del superávit municipal y no aplicar durante dos años la regla de gasto, una conclusión incluida en el dictamen y que, por tanto, figurará como política de reconstrucción salvo que el PSOE consiga pactar una modificación.

Quien sí tratará de revertir una modificación será Unidas Podemos, que por error respaldó la adopción de un sistema de indemnización por despido al estilo de la llamada 'mochila austriaca', y que ha pedido una nueva votación para sacar esta enmienda del texto.

Entre las enmiendas 'vivas' que llegan al Pleno y que la oposición buscará aprobar en el dictamen está la de presentar una senda de consolidación fiscal, a propuesta del PP, o la derogación de la reforma laboral, como exigen ERC y Bildu, que también proponen endurecer la fiscalidad a las grandes fortunas.