«La ciudadanía tiene el deber cívico de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes». Así reza la orden aprobada por Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior y, desde el sábado por la noche, también mando único de todos los cuerpos policiales. Y para quienes no respondan al estado de alarma por el coronavirus con ese civismo, habrá una amplia gama de sanciones.

El texto se basa en dos leyes, los artículos que castigan los delitos de resistencia a la autoridad y desobediencia en el Código Penal y los que están incluidas en la ley de seguridad ciudadana de 1995, conocida como ley mordaza.

Interior señala expresamente el artículo 36.6 de esta última. Este considera una infracción muy grave «la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes o en el ejercicio de sus funciones, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad». Tiene penas que van desde los 601 euros a los 30.000 euros de multa. Es decir, un ciudadano que se niegue a ser identificado por los agentes o que dé datos falsos puede ser sancionado con al menos 601 euros.

Hay también, indican fuentes de Interior, multas más leves contempladas en la misma ley (de 100 a 600 euros). Por ejemplo, explican, por faltas de respeto a un agente de la autoridad o por quitar precintos de zonas acordonadas.

Del mismo modo, pueden darse excepcionalmente multas de 30.001 a 600.000 euros entre quienes cometan infracciones muy graves. La ley solo lo contempla para quienes hagan reuniones en infraestructuras como aeropuertos, los ocupen y pongan en riesgo a otros. La misma sanción se podrá aplicar a quienes organicen actos públicos prohibidos en estos 15 días, como conciertos y fiestas en discotecas u otros locales.

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD / Asimismo, la orden de Interior hace referencia a los delitos de atentado y de resistencia a la autoridad y su castigo en el Código Penal. Fuentes policiales explican que se aplicarán solo si se producen episodios muy extremos, por ejemplo, a alguien que agreda a los agentes «con intimidación grave o violencia». En ese caso, las penas van desde uno a cuatro años de cárcel. Según fuentes de Interior, los agentes irán modulando su actuación y también las sanciones propuestas. Ayer ya tuvieron lugar las primeras identificaciones de personas por las calles: runners en Madrid, paseantes junto a playas de Barcelona, Alicante, Asturias y otras tantas ciudades... Un policía incluso espetó a un transeúnte: «Va a ser usted el primer multado de Salamanca». A continuación le explicó: «Esto no es ningún cachondeo. No se puede pasear. Esto es muy serio. Están muriendo personas».

La orden de Interior incluye además la posibilidad de recibir apoyo del Ejército para hacer cumplir el estado de alarma. Ayer mismo, el Ministerio de Defensa ordenó el despliegue de efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME), en Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, León, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, las ciudades donde tiene bases operativas. Su misión será ayudar en zonas donde puede haber aglomeraciones, como estaciones de tren y de autobuses.