Desde que la política, como el fútbol, se ha puesto en manos de su particular VAR para rearbitrar la mayoría de acciones que pasan en el terreno de juego las suspicacias sobre el sistema no han parado de crecer. Ya ocurrió en su día cuando se descubrió que Francisco Pérez de los Cobos, presidente del Tribunal Constitucional, pagó la cuota de afiliado del PP entre 2008 y 2011, cuando ya era magistrado del alto tribunal. El escándalo de Andrés Betancor ha dado un paso más en las suspicacias porque no es que el catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) pagara a un partido sino que recibió un sueldo de Ciudadanos mientras ejerció como vocal en la Junta Electoral Central (JEC).'Eldiario.es', que destapó la noticia, explicaba que entre octubre del 2017 y julio de 2019 (cuando dejó su cargo) Betancor participó en casi una cincuentena de reuniones de la JEC en las que se adoptaron 744 acuerdos y se debatieron varias peticiones de Ciudadanos. Betancor no se inhibió en ninguna de las que afectaban al partido que el pagaba como asesor jurídico.
El voto particular con Arrimadas
El caso más elocuente fue uno de los primeros que tuvo que afrontar. Inés Arrimadas concedió una entrevista al diario 'ABC' que se publicó el sábado 20 de diciembre del 2017, el día antes de las últimas elecciones catalanas (que terminaría ganando). Al haberse publicado en la jornada de reflexión, la JEC se reunió para debatir qué hacer. Betancor se afanó para intentar evitar que el VAR de la JEC sancionara la entrevista de la líder catalana del partido. La limpieza de las elecciones no puede ser un altar en el que sacrificar, mediante el establecimiento de una censura administrativa, un derecho fundamental, como el de información, terminaba en su voto particular. De nada sirvió en esta ocasión, porque su voz no fue secundada y el organismo adminsitrativo impuso una multa de 1.000 euros al rotativo.
Puigdemont contraataca
Su voto particular pasó desapercibido entonces. No ocurrió lo mismo cuando el 28 de abril del 2019 la JEC aceptó, en una disputada votación (siete votos a favor y dos en contra), la petición de Ciudadanos y PP de excluir a Carles Puigdemont de las elecciones europeas. El expresidente se querelló contra Betancor y Carlos Vidal, designados a propuesta de Cs y PP respectivamente, después de que estos votaran a favor de excluir a Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí al considerar que, por encontrarse fugados de la justicia española, no estaban inscritos correctamente en el censo. El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid rechazó la querella de Puigdemont, que ha anunciado ahora nuevas acciones legales tras el estallara el caso Betancor. Puigdemont, Comín y Ponsatí mandaron este viernes una carta al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, sentenciando que después de lo ocurrido Ciudadanos no tiene legitimidad para presidir la comisión de Asuntos Legales de la institución, que se encarga de su suplicatorio. En la misma misiva explican a Sassoli en su carta de que el hijo de Betancor, Gabriel Betancor Jiménez de Parga, está contratado como asesor del eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano. El caso no solo llega al Parlamento Europeo sino también al Congreso. Los socialistas presentaron este viernes una proposición no de ley para que el Congreso se comprometa a impedir que cualquier grupo busque una influencia ilegítima o un trato de favor ilegal en los órganos institucionales. La ley que regula la composición y el funcionamiento de la JEC no establece este tipo de incompatibilidades, pero Ciudadanos ha hecho siempre bandera de la separación de poderes y ha criticado la politización de determinados órganos, sobre todo por parte de PSOE y PP. Cs ha defendido desde el inicio del escándalo que en cualquier caso no se trata de algo ilegal. La pregunta es si es ético. La UPF ya abierto un expediente a Betancor para aclarar si sus actuaciones, que el rector tachó de éticamente reprobables, pueden ser también sancionables.
