La lógica señala que la aprobación del techo de gasto asegura los Presupuestos Generales del Estado y por lo tanto la estabilidad de la legislatura. Pero hace tiempo que la política española no se rige por la lógica. El año pasado, por ejemplo, el Congreso tumbó las cuentas públicas después de haber avalado los objetivos de déficit, forzando al Gobierno socialista a adelantar elecciones. Hay otro caso todavía más raro: en el 2018, Mariano Rajoy sacó adelante sus Presupuestos, que hoy continúan en vigor. Una semana más tarde, tras la moción de censura de Pedro Sánchez a raíz de la sentencia del 'caso Gürtel', el entonces líder del PP fue desalojado de la Moncloa. Aun así, pese a estos precedentes tan poco tranquilizadores, la coalición del PSOE y Podemos considera que este jueves dio "el primer paso" para encauzar la legislatura.

Nada estuvo claro hasta el último momento. Todo dependía de la abstención de ERC, que el día anterior había salido muy satisfecha de la primera reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat sobre el "conflicto político" en Cataluña. Los republicanos eran partidarios de no bloquear el techo de gasto, pero la decisión de JxCat de votar en contra, ofreciendo una imagen de mayor dureza frente al Estado a las puertas de las elecciones catalanas, provocó que hasta el final tuvieran debate interno, reconocen fuentes del partido de Oriol Junqueras.

Pero el paso ya está dado, y ahora comienza una larga y compleja tramitación presupuestaria que no se sabe cuándo ni cómo terminará. Los colaboradores de Sánchez, que desde las elecciones del pasado 10 de noviembre ha ofrecido su faceta más conciliadora con el independentismo para granjearse la indispensable complicidad de ERC, se muestran optimistas. Señalan que con la puesta en marcha de la mesa se ha empezado a crear un "clima" que debería culminar con la aprobación de las cuentas públicas. Y si los Presupuestos salen adelante, la legislatura ya tendría asegurada un mínimo de dos años, puede que incluso tres. Es más, el Gobierno no solo se ha asegurado el techo de gasto del 2020. Echando mano de una artimaña sin precedentes, también aprobó este jueves la senda de déficit del 2021, ahorrando así a ERC una nueva votación comprometida.

LA LLAMADA A LAS URNAS

El principal escollo en este camino, que socialistas y morados empiezan a ver despejado, son las elecciones catalanas. Aún no tienen fecha, pero cuando perdió su escaño, a finales de enero, el 'president', Quim Torra, anunció que las convocaría tras la aprobación de las cuentas autonómicas. Puede que la llamada a las urnas tenga lugar antes del verano, puede que después. En cualquier caso, el calendario catalán se solapa con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, complicándolo todo.

En un primer momento, el Gobierno pensó que lo mejor era acelerar la aprobación de sus cuentas, presentarlas cuanto antes, con la previsión de que los comicios catalanes no se celebrarán hasta el próximo otoño, ya que JxCat continúa sin candidato a la Generalitat. Pero ahora no lo tiene tan claro. Según fuentes socialistas, ERC, sin cuyo concurso todo quedará en nada, les ha transmitido que aún no está preparada para avalar un proyecto de la envergadura de los Presupuestos. Para los republicanos, lo más cómodo sería celebrar primero las elecciones autonómicas, donde las encuestas los colocan como ganadores, y después encarar las cuentas públicas.

VISITA A BARCELONA

Mientras tanto, la mesa de diálogo continuará reuniéndose. Una vez al mes, de forma alternativa entre Madrid y Barcelona, con ministros y consejeros. Y cada seis meses contará con la presencia de los presidentes del Gobierno y la Generalitat, lo que implica que en agosto o septiembre Sánchez vuelva a visitar la capital catalana, donde ya estuvo a principios de febrero para entrevistarse con Torra.

Los socialistas explican que del organismo no saldrán a corto plazo grandes pactos, al menos hasta que no se celebren las elecciones catalanas. La intención es mantener el buen "clima" creado el pasado miércoles, que se concretó en un comunicado conjunto en el que el Ejecutivo central y el Gobierno catalán se comprometen a impulsar "acuerdos" que respeten la "seguridad jurídica". Y así continuar allanando el camino a los Presupuestos. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deberían estar aprobados "a lo largo del verano".