Demostrar unidad. Esta era la intención de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cuando se embarcaron en la aventura de llevar a buen puerto el primer Gobierno de coalición de la historia de España desde la recuperación de la democracia. Los líderes del PSOE y Unidas Podemos querían que el Ejecutivo tuviera «varias voces, pero una única palabra», al menos de cara al público. Socialistas y morados parecían conscientes de que esta tarea se presentaba compleja y se conjuraron para crear un órgano en el que aunar estrategias. Justo ayer, cuando se pusieron en marcha las comisiones de coordinación entre ambas formaciones, surgieron las primeras grietas de una alianza que durante su primer mes de vida ha funcionado sin grandes sobresaltos. La ley del solo sí es sí y la política migratoria del Gobierno provocaron roces que desde ambos partidos trataron de suavizar.

La tramitación de la ley de libertades sexuales provocó, durante varias horas, cierta tensión entre PSOE y Unidas Podemos. Fuentes conocedoras de la negociación aseguran que Sánchez e Iglesias se habían comprometido hace varias semanas a presentar esta ley antes del 8-M por su importancia simbólica. Sin embargo, las mismas voces denunciaron que el proyecto se estaba retrasando de manera injustificada por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que debía dar el visto bueno definitivo para reformar el Código Penal e incluir el solo sí es sí.

«Se está esperando desde hace semanas [el ok de Campo], y este último se niega a hacerlo alegando generalidades de procedimiento, sin concretar», apuntaron las mismas fuentes antes de denunciar que este retraso suponía un incumplimiento del acuerdo programático. Ante esta situación, explican, Iglesias se reunió ayer, tras la celebración del pleno en el Congreso, con la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, para asegurarse de que la ley se tramitaría en el tiempo pactado.

Un encuentro en el que, parece, se logró el consenso y, unas horas más tarde, desde la Moncloa se informó de que la ley se presentará coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. «Es un proyecto legislativo ilusionante, que estará listo en los plazos previsto y enviará un mensaje claro de compromiso del gobierno con la igualdad de cara al 8 de marzo», afirmaron. Además, el responsable de Justicia negó cualquier tipo de bloqueo y explicó que aportó su criterio para «conseguir la mejor ley para todos».

Las diferencias también aparecieron de la mano de la ley de asilo y refugio después de que se filtrara, el pasado miércoles, que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, contempla la idea de endurecer la política migratoria. Una información que provocó la sorpresa e indignación de los de Iglesias. «Apostar por endurecer la ley contra las personas que vienen a trabajar a nuestro país huyendo del hambre y de la guerra o elogiar sentencias que avalan la violación de sus derechos humanos no solo es lo contrario de lo que figura en el acuerdo de Gobierno de coalición, es además lo contrario de lo que desean la inmensa mayoría de los votantes», aseguraron fuentes del partido morado.

Desde Moncloa quitaron hierro y dejaron claro que la política migratoria «es una cuestión de Estado, basada en el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales y en los derechos humanos». Así, recalcaron su compromiso para establecer cauces que permitan la correcta identificación entre peticiones de asilo y migrantes económicos.

UNIFICAR CRITERIOS / Las desavenencias llegaron justo en el día en que socialistas y podemistas constituyeron los órganos concebidos para unificar la acción del Ejecutivo. Fue en el Congreso de los Diputados donde se reunieron dirigentes de ambas formaciones para celebrar la primera reunión de la comisión de coordinación parlamentaria y de seguimiento del acuerdo de coalición.