El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, usó su comparecencia en la comisión de investigación sobre el artículo 155 en Cataluña para reafirmarse en todas y cada una de las decisiones que tomó en octubre del 2017. No hizo ni un ápice de autocrítica, sino que ató un discurso para su galería cargado de dardos al Estado. "El 155 es la crónica de un golpe de Estado moderno que no necesita ningún militar en las calles", sostuvo.

Desde un despacho del Parlamento Europeo, en el que lució su credencial como eurodiputado, se presentó como un "hombre libre" y defendió la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) como la "única opción digna y democrática" ante un Estado que "priorizó la violencia y la represión".

Repasó sus actuaciones y dedicó tiempo a la justificación. Aseguró que no convocó a las urnas, pese a haberlo cavilado junto a su círculo de colaboradores, porque "no se daban las garantías" para confiar en que los partidos del Gobierno "retirarían" el 155, "se marcharía" la Policía Nacional y la Guardia Civil de Cataluña, "cesaría la represión" y se "levantaría" la intervención financiera de la Generalitat: "Si el Estado hubiese dado las garantías, yo hubiera convocado elecciones pese a las incomprensiones y el tacticismo de algunos. Hacer elecciones a cambio del 155 hubiera ahorrado mucho dolor y nos hubiese permitido reunir fuerzas para culminar el 'procés'".

Tras este razonamiento, dijo que "queda perfectamente claro quien puso el ‘seny’ y quien la tontería" y que la maniobra era irreversible. "Querían aplicar el 155 y lo aplicaron, nada de lo que hubiésemos hecho les habría desdicho de desatar la ola represiva que tenían unas ganas locas de emprender. ¿Alguien tiene alguna duda de que una convocatoria de elecciones no hubiese frenado el 155?", indicó.

Puigdemont sostuvo que el 27 de octubre del 2017 se perpetró un "golpe de Estado" en el marco de "una operación de venganza que aún dura". "Hice todo lo posible para frenarlo. Mi prioridad cuando conocimos la literalidad de esa amenaza pasó a ser salvaguardar las instituciones y proteger a los ciudadanos. Su voracidad era monstruosa, el Estado iba desbocado y tenía capacidad para hacer mucho daño. Vi una forma de placer en la acción punitiva, una pulsión insana de reprimir, de imponer castigos ejemplares, de escarmentar, de aleccionar", insistió.

El expresidente defendió que la intervención de la autonomía no se ajustó a la Carta Magna "ni en el fondo ni en la forma", y que "se forzó la Constitución y se hizo una aplicación anticonstitucional del 155". A su juicio, el requerimiento inicial debía abrir una etapa de diálogo y él propuso al delegado del Govern en Madrid, Ferran Mascarell, para que ejerciera esta función aunque nadie se sentó en la silla del Gobierno.

"Es evidente, más allá de la obviedad, que este artículo se aplicó fuera de la Constitución y no sirvió para resolver ningún conflicto. El independentismo ganó y esta mayoría es persistente, sólida, no recula y no queda decapitada ni liquidada como decían responsables del Gobierno", añadió aludiendo a las declaraciones de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Abroncó a los grupos constitucionalistas, que no acuden a esta comisión, y afirmó que un comportamiento "xenófobo" es pedir la aplicación del 155 porque "están pidiendo que se perjudique a sus propios votantes por el simple hecho de vivir en Cataluña".

Definió el 155 de varias formas -"golpe de Estado", "agresión", "losa"- y aseguró que la intervención de la autonomía catalana hizo que "España volviera a ser oscura y tenebrosa, la de siempre, la que erróneamente habíamos creído sepultar en una lapida de cuatro décadas de democracia ejemplar". Para "superar la cultura del 155" censuró que hay que hacer ver que es "irrenunciable" el derecho a la autodeterminación y pidió "no obviar a una parte importante de la ciudadanía de Cataluña, que vivió la DUI como una imposición".