A una semana de que venza el plazo pactado, esos 15 días desde la formación del Gobierno que vencen el próximo día 29, si se toma como referencia la toma de posesión de los ministros, los gobiernos del Estado y de la Generalitat van puliendo detalles del funcionamiento de la mesa de negociación para la solución del «conflicto político» que les enfrenta. Que la puesta en marcha de esa mesa se produzca tras el encuentro entre ambos jefes de ejecutivo, Pedro Sánchez y Quim Torra, ha dado más tiempo a las partes para proponer metodologías. Y, entre ellas, la creación de un mecanismo que evite vetos inmediatos que dinamiten la negociación demasiado pronto.

Según ha podido saber este diario, ambos equipos están diseñando un sistema de trabajo que pasa por recibir la propuesta de la otra parte y entregarla a un equipo asesor que dé una respuesta prolija y razonada y no inmediata.

Tras la propuesta se halla el miedo a que uno de los grandes reclamos que ERC usó para que sus bases validaran el acuerdo de investidura, el de la negociación del ejercicio de la autodeterminación vía un nuevo referéndum, esta vez pactado, pase sin pena ni gloria por encima de la mesa tras recibir un escueto y tajante no de la parte del Gobierno del Estado.

En sentido contrario, sin embargo y quizá por ello la propuesta del sistema anti-veto ha sido acogida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la parte catalana tampoco puede quitarse de encima una eventual propuesta para aprobar un nuevo Estatuto.

Cabe recordar que Pedro Sánchez, por dos veces y en el Congreso, ha afirmado que la solución de la pugna territorial debería pasar por el refrendo de los catalanes. Y no solo eso, en el mismo pacto de investidura se acordó que los frutos de esta mesa de negociación se someterían al refrendo de los catalanes. Ergo, el mecanismo anti-veto supone una auto-obligación a debatir en profundidad las propuestas de ejercicio de voto que se cruzarán en la mesa.