Cuando parecía imposible, dos decisiones judiciales enmarañaron ayer todavía más el escenario político catalán y español. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dijo que Oriol Junqueras debió salir de prisión para recoger su acta de eurodiputado tras las elecciones del 26 de mayo, en contra de lo que decidió el Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Quim Torra a una pena de un año y medio de inhabilitación por negarse a retirar los lazos amarillos de Palacio de la Generalitat en periodo preelectoral. Las dos sentencias tienen derivadas políticas de capital importancia tanto para la investidura de Pedro Sánchez como para dilucidar la fecha de elecciones en Cataluña.

El Supremo tiene ahora la última palabra en los dos casos. El mismo tribunal que condenó a los impulsores del 1-O y de la declaración de independencia frustrada a largos años de prisión debe decidir qué pasa con Junqueras y si confirma la inhabilitación de Torra, lo que conduciría a un adelanto electoral en Cataluña.

La decisión del TJUE, con sede en Luxemburgo, se recibió con alborozo en ERC, pero en JxCat hubo auténtica euforia. Los asesores jurídicos del líder republicano consideran que la sentencia -un auténtico varapalo europeo para el Supremo, y van unos cuantos- debería suponer la liberación inmediata de Junqueras y la anulación del fallo del procés. «Vuelve Oriol», resumió el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Pero la fiscalía, por ejemplo, se opuso ayer a su excarcelación, porque ya está condenado, y pidió que se ejecute la pena de inhabilitación.

REACCIONES / Sin embargo, con respecto a Carles Puigdemont parece haber menos dudas. Como Junqueras, los catalanes lo eligieron eurodiputado, pero, a diferencia del líder de ERC, su huida a Bélgica hace dos años y el fracaso de los intentos de la justicia española de extraditarlo han hecho que no haya sido condenado. Lo que significa que el expresident -y su compañero Toni Comín- son los principales beneficiados de la decisión del TJUE.

Los recelos contra la UE y las críticas de los últimos meses se volatilizaron: el independentismo más irredento abraza de nuevo la fe europeísta, hasta el punto de que Torra cambió la senyera por la bandera azul con las estrellas doradas en el balcón de la plaza de Sant Jaume. En cambio, el españolismo recalcitrante reaccionó en sentido contrario: Santiago Abascal (Vox) criticó el «gravísimo ataque a la soberanía de España» y cargó contra los «eurosumisos».

En una reunión celebrada en el Parlament tras conocerse la sentencia, en la que participaron Puigdemont y Comín por videoconferencia, el grupo parlamentario de JxCat celebró la noticia por todo lo alto. Hubo gritos de «president, president», y también de «Perpinyà, Perpinyà». La ciudad francesa del ámbito lingüístico catalán puede ser la sede de la próxima reunión del grupo parlamentario posconvergente si, como considera su entorno, se confirma que Puigdemont tiene ahora libertad de movimientos dentro de la UE. Incluso se ha especulado con que el expresident se instale allí, pero él lo negó ayer.

RECURSO DE TORRA / Uno de los que más gritaron y palmearon la mesa con más entusiasmo fue Torra, aunque estaba a punto de conocer su condena por desobediencia. Inmediatamente mostró que no tiene previsto rendirse: en una comparecencia pública, dijo que recurrirá la sentencia y restó toda credibilidad a la justicia española.

Además, el presidente de la Generalitat anunció que promoverá una votación en el Parlament para que los grupos independentistas le ratifiquen su apoyo. El PDECat impulsará también mociones para avalar a Torra en los ayuntamientos y otras instituciones. La decisión no es inocente en un contexto en el que las negociaciones entre ERC y el PSOE para investir a Sánchez parecían en la recta final.

Porque pronto quedó claro que las decisiones judiciales de ayer -sobre todo la que llegó de Luxemburgo- tendrán alguna influencia en esas conversaciones. De momento, Esquerra anunció que no se sentará a hablar más con los socialistas hasta que el Gobierno no «se pronuncie» sobre la sentencia. Y está por ver si les basta el comunicado que ayer divulgó el Ejecutivo, en el que se limita a «respetar y acatar» las resoluciones de todos los tribunales y a subrayar «la necesidad de abrir una nueva etapa de diálogo» dentro de la ley entre todos los actores políticos.

Los obuses judiciales también siembran de dudas el futuro de la legislatura catalana. El Supremo debe ahora pronunciarse sobre el recurso de Torra a su inhabilitación; la media de resolución de este tipo de procedimientos está en los nueve meses. Si se acaba confirmando la condena, se activará el reloj para elegir a un nuevo president, que debe salir obligatoriamente -a diferencia de lo que pasa en el Congreso- de entre los diputados del Parlament. Hasta la investidura de un nuevo jefe de Govern, la responsabilidad recaería en funciones sobre el vicepresident Aragonès, uno de los principales hombres fuertes de Esquerra. En JxCat ven con recelo esa posibilidad.

Todo está abierto, pero la Navidad del 2019 promete ser la más política de los últimos años, y eso es mucho decir.