Del mismo modo que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha estrenado con anuncios de rebajas fiscales, otros y otras lo han hecho con anuncios subidas tributarias.
La nueva presidenta de La Rioja, la socialista Concha Andreu (PSOE) anunció en su discurso de investidura subidas del IRPF para las rentas altas, la recuperación íntegra del impuesto de Patrimonio y menores reducciones en el impuesto de Sucesiones y Donaciones. Todo ello para atajar «el deterioro importante de nuestros servicios públicos fundamentales» tras 24 años de gobiernos del PP,
También la nueva presidenta de Navarra, Maria Chivite (PSOE) se ha estrenado con anuncios fiscales: prevé mayores deducciones familiares para rentas bajas y medias, pero también revisar los beneficios fiscales de las grandes empresas y avanzar en la fiscalidad de la economía digital, con nuevos tributos en el comercio electrónico y operaciones bursátiles.
El Gobierno popular de Madrid se exhibe como un laboratorio de las políticas liberales de Pablo Casado, los anuncios de la comunidad foral de Navarra conectan con las medidas tributarias que Pedro Sánchez incorporó en su fallido proyecto de Presupuestos del Estado para el 2019.
En Canarias, el documento para el gobierno de Ángel Víctor Torres, firmado por PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG tampoco incluye rebajas fiscales. Se prevé aplicar una tasa turística y crear impuestos ambientales para financiar un plan contra el cambio climático.
Cantabria no se ha sumado al gancho de las rebajas tributarias ni tampoco el País Vasco.
El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, rechaza la condición que ha puesto el PP para apoyar la tramitación de las cuentas de abordar una rebaja del IRPF. Según Erkoreka, esa demanda no encaja en las cuentas. El presupuesto vasco «no va a contemplar tipos impositivos, ni va a elevar ni va a bajar ninguno de los tipos impositivos centrales que conforman nuestro sistema tributario».
En Baleares, donde no se ha producido relevo en el gobierno regional, la presidenta Francina Armengol (PSOE) ya duplicó este año la ecotasa sobre las pernoctaciones turísticas.
Tampoco en Valencia ha habido cambio de signo político en el Gobierno regional, donde su presidente Chimo Puig apenas ha anunciado una leve mejora en el impuesto de Sucesiones para las empresas familiares así como un nuevo gravamen para las viviendas desocupadas en manos de entidades financieras e inmobiliarias. Valencia pasa por ser la comunidad más perjudicada por el actual sistema de financiación autonómica, pendiente de revisión desde hace cinco años.
Los anuncios fiscales también son mínimos en los programas de gobierno de los presidentes socialistas de Aragón, Javier Lambán, de Castilla La Mancha, Emiliano García Paje, y de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Este último no descarta bajar impuestos a lo largo de la legislatura si las condiciones de estabilidad presupuestaria lo permiten, pero solo a las rentas más bajas.
Todos ellos abogan por que el nuevo sistema de financiación autonómica incorpore ciertos niveles de armonización en algunos impuestos de las comunidades para evitar una competencia fiscal desbocada a la baja, como sucede con el de Sucesiones y Donaciones. Esta idea es compartida también por el presidente popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que teme por los perjuicios que puede provocar en su comunidad la agresiva oferta fiscal de su vecina Madrid.
