El presidente de la Generalitat, Quim Torra, esquivó ayer toda autocrítica en el debate parlamentario que revivió las convulsas jornadas del 6 y 7 de septiembre del año pasado, en las que una Cámara partida por la mitad aprobó las leyes de desconexión. La líder de la oposición, Inés Arrimadas, aprovechó la sesión para anunciar que presentará una querella contra Torra por «amparar, justificar y consentir» las acciones violentas ya acaecidas en los últimos meses y las que puedan suceder a lo largo de la jornada de mañana.

Este anuncio de la interposición de una querella preventiva, por cuanto los actos violentos no han tenido lugar aún, se produjo en un pleno que tenía en realidad por objeto debatir sobre la aprobación, el año pasado, de la ley del referéndum del 1-O y la de transitoriedad jurídica. «Fue una infamia, un golpe al Estado que aún prosigue», dijo Arrimadas.

De hecho, la líder de Ciutadans centró su intervención en la supuesta vigencia de ese no menos supuesto golpe de Estado, en la línea de lo que defiende su partido en el Congreso de los Diputados.

Como prueba de cargo de que el ataque a la Constitución se mantiene, la jefa opositora blandió los escritos «racistas» de Torra y le afeó que mentara la llamada vía eslovena.

Arrimadas también culpó al president de los brotes violentos que hayan podido ocurrir -como el intento de asalto al Parlament de hace un par de meses- y los que puedan suceder. Según la líder naranja, el president es «el portavoz de los CDR en el Govern». «¡Qué vergüenza anunciar una querella al president de la Generalitat!», espetó Torra en respuesta al anuncio de Arrimadas. Respecto a lo sucedido el 6 y 7 de septiembre del 2017, reivindicó el derecho del Parlament a debatirlo «todo» sin «amenazas». Torra también dijo que «tras cuarenta años, democracia y Constitución no son sinónimos», y aseguró que «el marco legal ha perdido legitimidad porque no es el que querría la mayoría de ciudadanos».

Miquel Iceta y Jéssica Albiach estuvieron más conciliadores que Arrimadas, pero ambos criticaron lo sucedido en las jornadas del 6 y 7 de septiembre. Según el líder del PSC, se trata del «error más importante cometido por una institución catalana desde 1977». En todo caso, Iceta se mostró partidario de «tender puentes, y no cavar trincheras» entre bandos.