El Gobierno ha decidido prohibir las veloces lanchas neumáticas que utilizan los narcotraficantes mediante un real decreto ley por su «extraordinaria y urgente necesidad», al comprobar que están siendo empleadas también para el tráfico ilícito de personas. «Se trata de poner fin de forma urgente a un problema», subrayó tras la reunión del Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, para explicar que se apruebe un real decreto cuando se estaba elaborando un proyecto de ley. Según apunta el Gobierno en la referencia en la que presenta la nueva norma, la «excepcionalidad, urgencia, gravedad y relevancia del problema» exigen una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el que requiere la tramitación parlamentaria de una ley.
El anteproyecto de ley aprobado el pasado julio por el Consejo de Ministros para prohibir las narcolanchas y que suponía reformar la Ley orgánica de represión del contrabando decae con este real decreto, que recoge sus objetivos y medidas. Se seguirá creando un registro de operadores de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad, para determinar quién puede poseerlas y usarlas, pero «en sí mismas las narcolanchas se califican como género prohibido» en todo el territorio nacional, ha resumido la portavoz. La norma penaliza el uso ilegítimo de las citadas embarcaciones, denominadas Rhibs, y dota a los organismos que luchan contra el contrabando de una herramienta jurídica que les permitirá incautarlas incluso en tierra y sin carga ilícita, incoar los correspondientes expedientes sancionadores o formular denuncias. Se intenta dar respuesta así al problema con el que se enfrentaban las fuerzas de seguridad, ya que es frecuente que las embarcaciones sean intervenidas cuando ya se han desprendido del hachís o el tabaco que transportaban y resulta casi imposible proceder legalmente contra las organizaciones criminales. A partir de ahora la simple tenencia de estas embarcaciones constituirá un supuesto de contrabando y permitirá a las fuerzas de seguridad su inmediata intervención. El Ejecutivo considera que es necesario prohibirlas de forma urgente al constatar que esas embarcaciones desde hace no mucho tiempo se están empleando para el tráfico de seres humanos a través del Estrecho de Gibraltar.
