Quien pensara que la investigación de la corrupción se acababa con la sentencia de la primera época de la Gürtel que propició el Gobierno de Pedro Sánchez se equivocaba. Este martes la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado devolver al juez José de la Mata la pieza Orange Market, que estaba ya pendiente de juicio, para poder investigar si el expresidente valenciano Francisco Camps fue quien ordenó varias adjudicaciones menores, en la línea de lo que declaró el exsecretario general del PP de esa comunidad Ricardo Costa en el juicio por la financiación ilegal de la formación en Valencia.

En un auto, la Sección Segunda acepta la petición que hizo la Fiscalía Anticorrupción para que el instructor del caso Gürtel, De la Mata, pudiera investigar si la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana, Dolors Ibars, recibió indicaciones de sus superiores para adjudicar contratos al grupo Correa, lo que podría ser constitutivo de un delito de prevaricación. En esta pieza se investiga la contratación directa con Orange Market de una guía de la comunicación de la Generalitat, de un pen drive conmemorativo y del montaje de un estand en Fitur en el 2009. Para la Sala así se pudo «retribuir a la sociedad por trabajos realizados realmente para el PP», conforme lo declarado por Costa, pero también por los responsables de Orange, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.

Según la fiscalía, Ibars dependía directamente de la Presidencia del Gobierno valenciano, que entonces ejercía Camps, por lo que consideraba, que de confirmarse su responsabilidad en estas adjudicaciones, podría ser investigado por prevaricación.

Mientras tanto, simultáneamente, la acusación que ejerce Izquierda Unida en la causa de la caja b del Partido Popular, ha pedido al juez De la Mata que tome declaración al constructor David Marjaliza, quien en el juzgado admitió «un pago de 60.000 de euros» en la sede central del PP.