La petición de dimisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, con la que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha calentado el aniversario de la operación Anubis, gracias a la publicación de comentarios de un chat de jueces en pleno procés, no tendrá respuesta por parte del Poder Judicial. Desde el Consejo se ve como una «provocación», dentro de la «estrategia de desprestigio» de la justicia iniciada por el independentismo de cara al juicio que se celebrará en el Tribunal Supremo contra sus líderes. De ahí que no merezca respuesta oficial, ni siquiera un comunicado en defensa de la independencia judicial.
La comisión permanente del CGPJ, reunida el miércoles, trató el asunto informalmente, dada la publicidad que Torra había dado a los comentarios de una treintena de magistrados en la intranet de toda la carrera judicial, que forman unos 5.500 jueces. La carta de la consellera de Justicia, Ester Capella, al propio Lesmes y a la ministra Dolores Delgado, en la que se declara «alarmada» por lo que cree «injurias, insultos y muestras de odio por motivos ideológicos, que no dejan margen alguno para la indispensable imparcialidad del Poder Judicial», no llegó al CGPJ hasta la tarde.
Capella instaba a Lesmes a aplicar la vía disciplinaria contra los jueces que calificaban de rebelión o sedición lo ocurrido en Cataluña o llamaban «golpistas» a los que declararon unilateralmente la independencia. A la ministra le pedía que la fiscalía abra una investigación.
Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria (FV) y Foro Judicial Independiente (FJI) coinciden en que los comentarios publicados se produjeron en un ámbito privado, no tienen relevancia penal y no representan a la carrera judicial ni cuestionan su independencia en los procesos judiciales.
