El Gobierno tiene un calendario tentativo en mente para la presentación de los Presupuestos del próximo año. La empresa «no es fácil», reconocen fuentes de la Moncloa, porque antes que eso se pretende sacar adelante la reforma de la ley de estabilidad, para acabar con el anómalo veto del Senado (donde el PP goza de mayoría absoluta) a la senda de objetivos de déficit. También se pretende aprobar, con carácter previo, el nuevo techo de gasto presupuestario, que está siendo negociado con Unidos Podemos y el resto de grupos que apoyaron la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy. Los planes del Ejecutivo pasan por presentar el proyecto de Presupuestos del Estado para el 2019 en noviembre, a seis meses de las elecciones autonómicas, municipales y europeas. De ser así, las primeras cuentas públicas de Pedro Sánchez podrían estar aprobadas en febrero, en plena precampaña.

Lo que se da por seguro es que será imposible cumplir con el plazo legal del 30 de septiembre, como fecha tope para remitir al Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos del año siguiente. Tampoco se cumplió en los últimos años de la presidencia de Rajoy, plagados de sobresaltos electorales y políticos.

En noviembre, explican en el entorno del presidente, esperan tener aprobada tanto la reforma de la ley de estabilidad, que en principio se tramitaría como proyecto de ley, así como el techo de gasto, que vendría después. Lo contrario, en todo caso, no impediría la presentación de unos nuevos Presupuestos para el año próximo. Si el Gobierno logra sacar adelante ambas iniciativas, mejor. Pero si no, señalan los colaboradores de Sánchez, confeccionarán el proyecto de Presupuestos sobre la base de los viejos objetivos de déficit y deuda que dejó validados el PP.

GASTO SOCIAL / Esta última situación, daría pie a unas cuentas más restrictivas pues el conjunto de las administraciones perderían el mayor margen de gasto de unos 6.000 millones que la UE ha concedido a Sánchez (2.400 para las autonomías; el resto, para Estado y Seguridad Social). Aún en este caso, el Ejecutivo «reorientaría» el Presupuesto hacia el gasto social. «Si la voluntad política existe, los obstáculos en la tramitación no deberían impedir un mayor gasto en políticas sociales», añaden desde Unidos Podemos, que participan en la negociación presupuestaria.

La velocidad de la reforma de la ley de estabilidad depende de la Mesa del Congreso, el órgano que gobierna la Cámara baja, donde el PP y Ciudadanos tienen mayoría. Ambos grupos podrían torpedear esta iniciativa ampliando de forma desproporcionada el trámite de enmiendas, pero fuentes del Gobierno consideran que «la derecha» tendría «muy complicado» explicar a la ciudadanía este comportamiento. «Una cosa es votar en contra y otra muy distinta paralizar la tramitación de los Presupuestos solo por desgastar al Ejecutivo», concluyen.

Sánchez se refirió en la madrugada del martes a esta posibilidad. De visita oficial en Chile, donde ha iniciado una gira latinoamericana que le llevará también a Bolivia, Colombia y Costa Rica, el presidente dijo: «Los objetivos de déficit que se ha marcado el Gobierno son coherentes con la senda de crecimiento económico, con nuestra realidad social y con las cifras de déficit público. España crece, pero necesita redistribuir ese crecimiento. Necesita reconstruir el Estado social. El debate no es cuándo se va a aprobar o no la ley de estabilidad. El debate es si los grupos están dispuestos. No tiene sentido dentro del reparto de poderes que en una ley prevalezca el veto del Senado sobre el del Congreso. Es una anomalía que tenemos que cambiar».