La exhumación de los restos de Francisco Franco, 43 años después de su muerte, ya no tiene vuelta atrás. Por «dignidad democrática», el Gobierno aprobó ayer el decreto ley que permitirá sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos. La fórmula consiste en una sencilla modificación de la ley de memoria histórica, añadiendo un apartado a su artículo 16 que señala que no pueden estar enterrados en el Valle aquellos que no murieron durante la Guerra Civil, una posibilidad adelantada el miércoles por este diario. Franco, que falleció octogenario, no cumple estas condiciones, a diferencia de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, y los más de 30.000 combatientes de ambos bandos que están allí enterrados.

La reforma convertirá su tumba en ilegal. El Gobierno espera levantar «antes de final de año» la losa de 1.500 kilos que protege la sepultura del dictador. Y si la familia de Franco no se hace cargo de los restos, el Ejecutivo decidirá dónde serán enterrados de nuevo.

«No puede haber un momento más sin respeto a todas las víctimas. No lo hace ningún país que se sienta digno consigo mismo. No hay ninguna democracia con la que nos queramos comparar que haya sostenido una situación así», dijo la vicepresidenta, Carmen Calvo, principal responsable de la iniciativa. Pocas decisiones más simbólicas tomará Pedro Sánchez en esta legislatura.

LA URGENCIA / El decreto ley, que basa la urgencia de la decisión en la votación del año pasado en el Congreso que instaba al traslado de los restos sin ningún grupo en contra, así como en las recomendaciones en este sentido de Naciones Unidas, deberá ser ahora trasladado al Congreso. Sánchez tiene asegurada el éxito de esta iniciativa. Sus socios de la moción de censura votarán casi todos a favor, si no todos, mientras que Ciudadanos, muy crítico con la medida, se abstendrá. Nadie duda de que habrá más síes que noes.

El PP, mientras tanto, aún no ha dicho qué votará, si abstención o en contra, pero ya ha anunciado un recurso ante el Constitucional contra la medida. El decreto ley, a juicio de los conservadores, no está aquí justificado, porque no existen motivos de «extraordinaria y urgente necesidad», una condición que la Constitución exige a este instrumento normativo.

Calvo ofreció una tesis completamente distinta, acusando al PP y Ciudadanos de escudarse en el instrumento elegido (el decreto) para enmascarar su oposición al traslado de Franco en sí mismo. «Quien no quiera ver la urgencia, que no lo vea. Quien no quiera suscribir el fondo, que no lo suscriba. Todo lo demás son vueltas formales que puede que le sirvan a quien quiera para parapetarse en sus convicciones. ¿Cuándo si no? No hay más vueltas que darle», argumentó la vicepresidenta.

Según los cálculos del Gobierno, la exhumación, que se intentará realizar en secreto, se producirá a final de año. A partir de ahora se inicia un procedimiento rápido. El viernes, el Consejo de Ministros dará 15 días a los interesados para hacer alegaciones. Los nietos del dictador podrán aquí comunicar el destino de sus restos. Si se niegan a hacerse cargo del cadáver, el Gobierno decidirá el lugar, asegurando una «digna sepultura» con «amplias condiciones de seguridad», explican en la Moncloa, porque «no es cualquier tumba».

Los motivos del Gobierno para emplear un decreto ley para la exhumación son básicamente dos. Por un lado, la rapidez que quiere imprimir al proceso. «Vamos tarde», dijo Carmen Calvo. Por otro, evitar acciones ante los tribunales que podrían paralizar o revertir la exhumación.

Hay un precedente muy claro. A comienzos de julio, un tribunal de Pamplona ordenó a instancias la devolución del cadáver del general golpista José Sanjurjo, que habían sido exhumados por el Ayuntamiento de Pamplona, a la cripta donde estaba enterrado originalmente.

El decreto se ciñe a los restos del dictador. Señala que «solo podrán yacer» en el Valle de los Caídos «los restos de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil». La norma no entra en la situación de Primo de Rivera, enterrado al lado de Franco, ni en la reconversión del Valle de los Caídos en un memorial de las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Eso vendrá después, dentro de un mes. El Gobierno ha decidido que el decreto se tramite en el Congreso por el procedimiento de ley, lo cual facultará a los grupos a hacer propuestas. Allí se abordarán estas cuestiones, así como la nulidad de los juicios de la dictadura, aunque el Ejecutivo no anticipa el contenido de la reforma. Franco, en cualquier caso, está cerca de dejar de compartir espacio con sus víctimas.