Pedro Sánchez no lo tendrá nada fácil para sacar adelante su programa de reformas sociales. La composición del Parlamento le obligará a pactar con los grupos que le han aupado al poder, formaciones con las que hasta ahora no había alcanzado demasiados acuerdos. En su contra dejará de jugar el derecho de veto que su antecesor ejercía compulsivamente, pero en la Mesa del Congreso se mantiene la mayoría del PP-Cs que puede poner trabas o demorar durante meses la tramitación de las reformas. También la mayoría absoluta del PP en el Senado puede retrasar la aprobación de leyes, tumbándolas para que el Congreso tenga que volver a votarlas.

Sabedor de estas dificultades, el nuevo presidente ya advirtió en su discurso inicial que su prioridad serán las «medidas que han generado amplios consensos parlamentarios». Y citó cinco reformas, que serán las primeras en ponerse en marcha. Por un lado la derogación «urgente» de los artículos de la ley mordaza que fueron recurridos ante el Tribunal Constitucional por la oposición y que limitan las libertades de expresión, reunión y manifestación. También la disposición adicional que legalizó las denominadas devoluciones en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla. Otra reforma, que incluso cuenta con el visto bueno de Ciudadanos, es la que debe «garantizar la pluralidad en RTVE».

La lista se completa con la derogación del denominado impuesto al sol, que frenó en seco la expansión del autoconsumo eléctrico; la universalización de la sanidad, devolviendo a los sin papeles este derecho del que fueron despojados en el 2012; y también la ampliación del sistema de becas.

El Gobierno del Partido Popular ya anunció que la nota mínima para obtener la beca universitaria volvería a ser el 5, como reclamaban desde hace años los rectores y la oposición, pero no le ha dado tiempo de aprobarlo y se da por supuesto que el PSOE lo repescará.

Llamó la atención que no figurara en la lista del candidato la derogación de la polémica LOMCE. La ley Wert iba a ser sustituida por el pacto de Estado de Educación, pero con este ya naufragado, el nuevo Ejecutivo tendrá que decidir qué hacer con los restos de una reforma que el propio Gobierno del PP ya amputó al desnaturalizar las reválidas.

Tampoco mencionó su propuesta de reforma de la ley de arrendamientos urbanos (LAU), vetada por el Ejecutivo del PP, que ampliaría de tres a cinco años el periodo mínimo de los contratos de alquiler e incluye otras medidas contra la burbuja que expulsa de sus viviendas a miles de ciudadanos. La legalización y regulación de la eutanasia, en diversas fases de tramitación parlamentaria, tampoco aparecieron en el discurso.

Sánchez deberá decidir también qué hace con la ley contra el consumo de alcohol en menores. El Ministerio de Sanidad redactaba un proyecto a partir del informe votado casi por unanimidad por las Cortes que podría ser recuperado.

¿Y los recortes en sanidad y educación? Será muy difícil revertirlos a corto plazo, dado que no se van a modificar los Presupuestos del 2018. Habrá que esperar si logra alcanzar un acuerdo para los del 2019.

El líder socialista sí se ha comprometido, en cambio, a abordar la «dramática situación» de las 300.000 personas que esperan acceder a las ayudas por la dependencia, aumentando la financiación que corresponde al Gobierno.

CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA / Un paquete de medidas que se dan por descontadas son las incluidas en el pacto de Estado contra la violencia machista. Lo votó todo el hemiciclo y aunque el Gobierno se haya hecho el remolón a la hora de implementarlas, es dudoso que nadie se pueda oponer a su puesta en marcha. «Las aplicaré todas sin excepción», se comprometió Sánchez. Es previsible que, al calor de las movilizaciones del 8 de marzo, la igualdad vuelva ser una de las banderas de Sánchez, como ya lo fue de José Luis Rodríguez Zapatero. No solo citó esa fecha como punto de referencia en su discurso, sino que apuntó que intentará aprobar una ley de igualdad salarial y otra de igualdad de acceso al empleo.

Su ministro de Justicia heredará también la prometida reforma del Código Penal a raíz de la polémica sentencia de La Manada, una modificación que actualmente se encuentra en discusión en una comisión ministerial designada por el ya exministro Rafael Catalá.

MEDIOAMBIENTE / Otro gran eje del nuevo Gobierno será el Medioambiente, relegado a furgón de cola de las prioridades de su antecesor. Pedro Sánchez se centrará en «sentar las bases de la transición ecológica de la economía». ¿Cómo? A través de una ley de transición energética y cambio climático que «incentive la inversión en renovables».

Se trata de una norma que debe estar lista este año. Es una obligación marcada por la Unión Europea pero que Rajoy tenía en mantillas por la falta de acuerdo entre los ministerios.

El resto de referencias a leyes o planes sociales citados por Sánchez no pasan de ser generalidades, como la apelación a la lucha contra la pobreza, especialmente la infantil, o la potenciación del «sistema nacional de ciencia y tecnología».

De infraestructuras parece que no va a cambiar nada. «Cumplir y ejecutar las inversiones comprometidas», proclamó. Ni una palabra más. Habrá que esperar.