Horas antes de la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos del 2018 en el pleno del Congreso, Bruselas emitió su propio veredicto: el texto cumple «en líneas generales» con el Pacto de Estabilidad porque sitúa el déficit público por debajo del límite del 3% del PIB. Sin embargo, se advierte de que España se desviará en unos 6.000 millones de euros respecto del objetivo marcado para el 2018 (2,2% del PIB) y por ello Bruselas no descarta pedir nuevos ajustes al Gobierno este año.

Además, la Comisión Europea insta al Gobierno español a preparar una ronda de ajustes estructurales en el 2019 del 0,65% del PIB (algo más de 7.000 millones). Hasta lograr situar su brecha presupuestaria por debajo del 3% del PIB, España será en el 2018 el único país de los Veinticinco sujeto al procedimiento de déficit excesivo, del que ayer mismo salió Francia tras reducir su desfase al 2,6% del PIB en el 2017.

NÚMEROS ROJOS

Según los nuevos cálculos del Ejecutivo comunitario, España cerrará este año con un déficit del 2,7%, cinco décimas por encima del 2,2% prometido a la UE y una más de lo anunciado el pasado 3 de mayo durante la presentación de las previsiones económicas de primavera. El cambio se debe a que el dato incluye el gasto adicional que supone la subida de las pensiones pactada por el PP con el PNV y otras medidas como el alza en el salario de los funcionarios. Una decisión que no ha gustado en Bruselas. «El aumento de las pensiones y el aplazamiento en el factor de sostenibilidad propuesto durante la adopción del borrador presupuestario ponen en cuestión el compromiso con la reforma de las pensiones», alerta la Comisión en el documento de trabajo que acompaña al dictamen.

«En general nosotros no recomendamos a los países que se aparten de las reformas. Les pedimos que se mantengan en la vía establecida», lamentó el vicepresidente Valdis Dombrovskis tras considerar un paso atrás la decisión del Gobierno español en materia de pensiones.

PENSIONES

El pacto alcanzado por el Gobierno con el PNV en materia de pensiones fue la clave que permitió a los peneuvistas mostrar su apoyo inicial a los Presupuestos en el debate de totalidad, el 26 de abril. Fruto de este acuerdo, todas las pensiones públicas subirán, como mínimo, de acuerdo con la inflación este año (1,6%) y el próximo (1,5%) y la base reguladora de las pensiones de viudedad subirá al 56% en el 2018 (frente al 54% previsto) y al 60% en el 2019.

Además, se retrasa al 2023 la entrada en vigor del nuevo factor de sostenibilidad de las pensiones que se iba a poner en marcha en enero del 2019 con el consiguiente recorte de las nuevas prestaciones. En la práctica, estas medidas acordadas con el PNV dinamitan la reforma de las pensiones acometida por el Gobierno del PP en el 2013. La subida de las pensiones pactada con el PNV complementa la que previamente había adoptado el Gobierno, para subir hasta el 3% las prestaciones más bajas.

En total, las subidas de las pensiones incorporadas por el Gobierno en el proyecto de Presupuestos tendrán un impacto de 2.597 millones de euros este año y de otros 2.200 millones en el 2019, hasta sumar un total de casi 4.800 millones de euros. La mayor parte de este impacto (3.300 millones en dos años) se debe al acuerdo presupuestario alcanzado con el PNV para actualizar las pensiones de acuerdo con el IPC. Para contribuir a pagar este acuerdo, el Gobierno prevé poner en marcha ya en el 2018 nuevos impuestos con los que recaudar 2.100 millones en dos años para el pago de pensiones.

FUNCIONARIOS

Para los funcionarios, se incorpora una subida salarial del 1,75% en el 2018 dentro un acuerdo plurianual que incluye un aumento de entre el 6,1% y hasta el 8,79% durante el trienio 2018-2020, en función de cómo evolucione el crecimiento económico (el PIB) y del cumplimiento del objetivo de déficit público del 2020. La oferta de empleo público para el 2018 incluirá 6.024 nuevas plazas serán de acceso libre y 1.665 para promoción interna.

Fruto del acuerdo presupuestario con Ciudadanos, el proyecto de ley también incorpora la equiparación salarial entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con las autonómicas.

TRIBUTOS

El proyecto de Presupuestos incluye una rebaja en el IRPF de 2.000 millones pactada con Ciudadanos. Por una parte se potencia la deducción por rentas del trabajo, de modo que en la práctica se eleva de 12.000 a 14.000 los salarios y pensiones exentos y se reduce su tributación hasta los 18.000 euros. Además se introduce un cheque de guardería de 1.000 euros por gastos de guardería y otro de 1.200 por cónyuge con discapacidad. Para las familias numerosas se incrementa en 600 euros la deducción a partir del cuarto hijo. El bloque de medidas fiscales incluye bajar del 21% al 10% el IVA del cine. Además, se eleva a cinco semanas el permiso remunerado por paternidad.

PASIVOS

Los recursos del sistema de financiación autonómica incorporan un incremento de 4.000 millones respecto del 2017. Para las corporaciones locales hay 248 millones más, así como una mayor flexibilidad para utilizar los ahorros de años anteriores (superávits). El proyecto de Presupuestos incluye una disposición que abre la puerta a una reestructuración de la deuda de las autonomías con el Estado, sin decartar una posible quita.

GASTOS

El peso del gasto social (pensiones, desempleo, servicios sociales y becas) sobre el presupuesto total del Estado se mantiene en el 55,6% del total. En el trámite de enmiendas el proyecto ha elevado de 80 a 200 millones la dotación para el pacto de Estado contra la violencia de género. Entre las partidas de gasto del Presupuesto destaca el aumento de infraestructuras (16,5%) mientras que bajan las de intereses de la deuda pública (hasta los 31.547 millones de euros, el 1,9% menos) y paro (17.702 millones, el 3,4% menos) por las mejores condiciones económicas.