Tras anunciar ayer por carta que «disuelve sus estructuras», ETA ratificará mañana su desaparición definitiva previsiblemente a través de un vídeo que quedará enmarcado en una conferencia internacional en la localidad vascofrancesa de Cambo-les-Bains. Pero el camino para llegar a este acto, que supondrá el cierre a la trágica historia de la organización terrorista, ha sido largo y complicado. Tras un año de debate interno, los militantes de la banda han tomado una decisión: es el fin y no habrá vuelta atrás.

Durante el proceso de demolición de ETA han aflorado dos grandes sectores: uno, mayoritario en España, al que se han sumado PP, PSOE y Ciudadanos, con el aval de las asociaciones de víctimas, reclama que lo prioritario es recalcar la «derrota» policial, política y social de la banda, y exige que su despedida se acompañe de arrepentimiento, solicitud de perdón a todas las víctimas y colaboración con la justicia. Desde Euskadi, el PNV, con el apoyo de Podemos y el PSE, además de exigir un final irreversible, intenta que la fórmula elegida permita cuanto antes una convivencia normalizada en el País Vasco. En este contexto hay que entender la presencia del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en la conferencia de Cambo-les-Bains, aunque ha avisado de que solo irá si se garantiza que no será un acto de «blanqueamiento» de la trayectoria criminal.

Durante los 12 meses que se ha prolongado el debate interno, uno de los puntos más delicados ha sido lograr la mayor unanimidad en torno a la inactividad total de la sigla. Hace unos años tomó cuerpo un sector crítico muy minoritario en torno al colectivo ATA, que llegó a convocar manifestaciones disidentes y que ha tachado a los dirigentes de la izquierda aberzale de «traidores» por abandonarlos a su suerte.

Sin embargo, y pese a que durante las discusiones algún sector ha defendido la conveniencia de dejar la sigla «congelada» en la clandestinidad, e incluso ocultar armamento, esas posiciones han sido derrotadas. El encarcelamiento de la inmensa mayoría de la militancia ha obstaculizado el debate, que ha culminado con una alta participación de los reclusos.

Tampoco se conocen aún las repercusiones en la política penitenciaria. De los 278 presos, 225 cumplen condena en el España, 52 en Francia y uno en Portugal. La reciente petición de perdón de la banda a parte de las víctimas hay que entenderla dentro la estrategia de lograr que su disolución permita la mejora de las condiciones penitenciarias.