El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, siete exconsejeros, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el que era de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y ahora número dos de las listas de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, volverán a estar hoy delante de un juez. Su objetivo es abandonar la cárcel a la que les envió la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Confían en correr una suerte similar a la de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los otros cinco miembros de la Mesa que declararon en el Supremo el 9 de noviembre. Quedaron libres y Forcadell fue la única que pasó la noche en prisión, al conocerse la decisión a una hora en la que era imposible consignar los 150.000 euros que le impuso de fianza el magistrado Pablo Llarena, una posibilidad que podría repetirse hoy y hasta alargarse al lunes, al no haber juzgado de guardia en el alto tribunal. En esta ocasión se trata de presos y no de detenidos, por lo que el juez no tiene que pronunciarse en un plazo concreto ni está obligado a hacerlo tras escuchar las alegaciones del Govern cesado.

Para quedar en libertad, los miembros de la Mesa contestaron a todas las preguntas y, cuando vieron que la fiscalía pedía fianza para Ramona Barrufet, tras desmarcarse de vías unilaterales y negar cualquier posibilidad de reiteración delictiva al no seguir en política, Lluís Corominas y Lluís Guinó también renunciaron a la unilateralidad y acataron el artículo 155 de la Constitución, extremo que también verbalizó Forcadell. Del auto de Llarena se desprendía, además, que era menos proclive a acordar prisión que Lamela.

Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa, en el escrito que presentaron para solicitar la revisión, dicen expresamente que «acatan» el 155, aunque no comparten cómo se ha aplicado. Los cuatro concurrirán al 21-D por ERC y desean participar en la campaña. Y, lo más importante, si resultan elegidos, como es más que probable, se comprometen «firmemente» a «canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación». No hacen una renuncia expresa a la unilateralidad, pero eso parece desprenderse de esa afirmación.

La intención de Llarena no es tomarles declaración sobre la totalidad de la causa en la que se les investiga por delitos de rebelión, sedición y malversación, sino solo sobre los extremos necesarios para revisar la prisión en la que se encuentran. Desde las cárceles madrileñas de Estremera, Soto del Real y Alcalá Meco, los 10 volverán a los calabozos de la Audiencia, porque el Tribunal Supremo no tiene. Desde ellos saldrán de dos en dos en coche al alto tribunal.