El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena revisará mañana viernes la situación de prisión en la que se encuentran desde el pasado día 2 el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros catalanes por orden de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, encarcelados de forma preventiva por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

También mañana comparecerán en el alto tribunal el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y número dos de Junts per Catalunya para el 21-D, Jordi Sànchez. Ambos están en prisión desde el 16 de octubre, pero en su caso por el delito de sedición que imputó en un primer momento la fiscalía en relación con las protestas que se produjeron en Barcelona el 20 y 21 de septiembre durante los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de la capital catalana. A esa causa se incorporó la querella por rebelión, sedición y malversación presentada por la fiscalía contra el depuesto Gobierno catalán. Una vez que el magistrado Llarena unió esa querella a la que él mismo instruía por los mismos delitos contra los miembros de la Mesa del Parlament que propiciaron la votación de la declaración unilateral de independencia, todos los imputados presos por la Audiencia solicitaron comparecer ante él para que revise su situación y poder prestar declaración con ese fin.

Cumplido el trámite, el juez ha procedido a citarles antes del comienzo de la campaña electoral, la medianoche del próximo lunes al martes. En el escrito con el que Junqueras y los otros tres exconsellers de ERC planteaban su puesta en libertad presentaban como hecho nuevo la circunstancia de que concurren en las listas de ese partido en las elecciones del 21-D y desean participar en actos electorales.

La actuación de Llarena en relación con las querellas fiscales fue muy distinta de la realizada por la magistrada Lamela, puesto que él dejó en libertad con distintas fianzas a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los otros cinco miembros de la Mesa que comparecieron ante él.

No obstante, los querellados ante el Supremo contestaron a todas las preguntas que se les realizaron y muchos de ellos renunciaron a la vía unilateral en el futuro, mientras que en la Audiencia, todos los exconsellers, salvo Santi Vila -que sí pudo abandonar la cárcel con una fianza-, solo quisieron contestar a un par de preguntas de sus abogados.